En SLP, uno de cada seis habitantes será adulto mayor en 2030… pero la violencia y el abandono siguen siendo una realidad.
El Congreso pidió reforzar su protección, mientras una reforma reciente ya obliga a denunciar abusos, ante un escenario de hasta 3 casos diarios en el estado.
El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para reforzar la atención a personas adultas mayores en San Luis Potosí, en un contexto donde el envejecimiento poblacional avanza y las condiciones de atención aún son insuficientes.
La medida exhorta a la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores a fortalecer la protección de este sector, con prioridad en quienes enfrentan situaciones de riesgo, abandono o violencia, así como garantizar atención integral y acceso efectivo a la justicia.
La propuesta, impulsada por la diputada Diana Ruelas Gaitán, busca no solo atender casos, sino prevenir violaciones a derechos y mejorar la respuesta institucional ante denuncias.
El llamado ocurre en medio de un cambio demográfico que ya impacta al estado. Para 2030, se estima que uno de cada seis habitantes en San Luis Potosí tendrá 60 años o más, lo que implica mayores demandas en servicios de salud, apoyo social y protección jurídica.
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud proyecta que para 2050 más del 20 por ciento de la población será adulta mayor, lo que evidencia la necesidad de adaptar políticas públicas a esta realidad.
En ese sentido, se advierte que, sin acciones coordinadas y suficientes, el estado podría verse rebasado ante el aumento de este sector, especialmente si no se garantizan condiciones dignas de vida ni mecanismos efectivos de atención.
El exhorto aprobado plantea reforzar la intervención institucional con un enfoque más humano, articulando políticas públicas que reconozcan las necesidades de las personas adultas mayores y eviten que queden en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, recientemente entró en vigor una reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores en el estado, que amplía las conductas prohibidas y obliga a denunciar cualquier abuso o explotación contra este sector.
La modificación surge ante un escenario donde, solo entre enero y febrero de este año, se registraron 167 denuncias —un promedio de tres diarias—, en su mayoría por violencia familiar, lo que evidencia que gran parte de las agresiones ocurre dentro del propio entorno cercano.