Ante el plazo impuesto por la Suprema Corte, el Congreso de San Luis Potosí busca que una empresa encuestadora realice las consultas ciudadanas que no ha logrado organizar por su cuenta.
El Congreso local analiza contratar a una empresa encuestadora privada para realizar las consultas ciudadanas que le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el organismo electoral estatal rechazara organizar estos ejercicios.
El diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política, confirmó que la idea es que una empresa especializada y con “el prestigio suficiente” se encargue del proceso.
Entre las opciones que se analizan se encuentra la casa encuestadora Demotecnia, dirigida por el analista Rodrigo Galván de las Heras.
“No la hemos definido, pero hay varias empresas que tienen prestigio. Si a mí me preguntan, la propuesta que yo haría sería la de Rodrigo de las Heras”.
¿Por qué el Congreso tiene que hacer consultas?
La Suprema Corte invalidó varias reformas aprobadas por el Congreso potosino porque no se consultó previamente a los grupos afectados, como exige la Constitución y los tratados internacionales.
Entre los casos más relevantes están:
• Reformas a la Ley de Educación, por falta de consulta a personas con discapacidad.
• Cambios a la Ley Electoral, por no consultar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En ambos casos, la Corte ordenó repetir el proceso legislativo pero ahora con consultas previas reales.
La Suprema Corte dio recientemente 20 días al Congreso para informar avances, por lo que los diputados buscan una vía rápida para cumplir con la sentencia.
Según Serrano, la empresa que eventualmente se contrate se encargaría de definir el universo de participantes y aplicar la consulta.
Aunque el Congreso ya explora esta opción, el diputado reconoció que todavía no tienen presupuesto definido para pagar la consulta, pero buscarán gestionar lo necesario para dar cumplimiento a lo ordenado por la corte.
Los legisladores habían intentado que el CEEPAC realizara estas consultas, pero el organismo electoral aclaró que no tiene la obligación legal de hacerlo, por lo que el Congreso tendrá que resolverlo por su cuenta.