El colectivo sentenció que las omisiones institucionales continúan costando vidas pues pese a la despenalización del aborto, no existen
acciones concretas del Estado para garantizar el acceso real, seguro, digno y gratuito a los servicios de salud reproductiva.
El colectivo Marea Verde emitió un pronunciamiento para condenar la muerte de una joven tras someterse a un proceso de legrado, sin que existan a la fecha en el estado acciones concretas que garanticen el acceso seguro, digno y gratuito.
El comunicado dirigido al gobernador Ricardo Gallardo y titulares de la fiscalía general del estado, Manuela García Cázares; Leticia Gómez de la Secretaría de Salud; Gloria Serrato, encargada del despacho de la Secretaría de la Mujer, pone en manifiesto la tristeza e indignación por el fallecimiento de una joven en un consultorio
médico particular, en circunstancias vinculadas a la interrupción de un
embarazo.
“Este hecho nos duele como colectividad, y también nos obliga a alzar la voz”.
En este sentido, el colectivo destaca que, este hecho, lejos de tratarse de una tragedia aislada, evidencia una cadena de omisiones institucionales que continúan costando vidas.
“La despenalización y legalización del aborto no es suficiente si no va acompañada de acciones concretas del Estado para garantizar el
acceso real, seguro, digno y gratuito a los servicios de salud reproductiva”.
Sobre el hecho en referencia, señalan que, las personas familiares de la joven buscaron atención médica para realizar un procedimiento de legrado.
Sin embargo, ante presuntas complicaciones, el médico abandonó el consultorio, dejando a la paciente bajo el cuidado de una asistente sin las
condiciones adecuadas. Al llegar la policía y los servicios de emergencia, la
joven ya no contaba con signos vitales.
“Esta cadena de negligencias
representa no solo una falta de ética profesional, sino una clara
responsabilidad institucional por no garantizar la atención en condiciones
seguras y adecuadas”.
Ante esto, retoman que el aborto es un derecho en San Luis Potosí, pero la sanción social, la ausencia de información, la falta de protocolos aplicados, la carencia de insumos y
personal capacitado obliga a las mujeres y personas gestantes a acudir a
lugares sin condiciones, exponiéndolas a riesgos evitables.
Además, lamentan que a más de cinco
meses de su despenalización, el acceso sigue siendo una deuda del Estado.
El uso de procedimientos como el legrado, práctica desaconsejada por la
Organización Mundial de la Salud desde los años ochenta por su nivel de
riesgo, demuestra la urgente necesidad de actualización de protocolos
médicos, la capacitación del personal de salud, y la dotación de insumos
adecuados en todos los niveles del sistema sanitario.
Finalmente, el colectivo enlista una serie de exigencias para que este tipo de hechos que cuestan vidas, no se repitan en el estado.
Exigimos:
1. 1. Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí le exigimos:
● Vigilancia activa sobre los establecimientos médicos
particulares que ofrezcan servicios ginecológicos, asegurando
que cumplan con normativas de salud y protocolos vigentes.
● Una estrategia pública de difusión sobre el derecho a
interrumpir legalmente un embarazo y los servicios de salud
disponibles, particularmente en comunidades rurales y
periurbanas.
● Que se deje de operar con discursos que reconocen derechos,
pero con estructuras que los niegan.
A la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí y a las áreas
municipales de salud de los 59 municipios del estado:o La inmediata actualización y aplicación obligatoria del
Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en
México.
o La capacitación urgente y obligatoria del personal de salud,
especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas.
o La dotación de medicamentos e insumos recomendados por la
OMS para la práctica del aborto seguro.
o La creación de mecanismos de monitoreo y sanción para
quienes incumplan con la atención médica adecuada a las
personas gestantes.
o Que informe amplia y permanentemente a la ciudadanía los
mecanismos y espacios habilitados para practicar una
interrupción del embarazo en los términos establecidos por la
ley.
2. A la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí:
o Que realice una investigación exhaustiva y con perspectiva de
género, que atienda al principio de debida diligencia reforzada,
reconociendo esta muerte como lo que es: una muerte violenta
y prevenible derivada de la omisión institucional.
o Que no se criminalice ni a la familia ni a quienes buscaron ayuda,
sino que se sancione la negligencia médica y la falta de atención
oportuna.
3. A la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí:
o Que cumpla con su deber de difundir ampliamente los
derechos sexuales y reproductivos, en particular el derecho a
decidir interrumpir o continuar un embarazo.
o Que impulse campañas de información claras, accesibles,
culturalmente pertinentes y con enfoque de derechos
humanos, especialmente dirigidas a comunidades rurales,
indígenas y personas jóvenes.
4. A las delegaciones locales del IMSS e ISSSTE, que en el ámbito de sus
atribuciones, informen de forma clara, accesible y sin estigma a susderechohabientes sobre los lugares y procedimientos disponibles
para ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo en la
entidad.
● Hoy más que nunca reafirmamos que el derecho a decidir debe ir
acompañado de condiciones reales de acceso: sin miedo, sin
estigmas, sin barreras institucionales.
● La vida y la salud de las mujeres y personas gestantes no pueden
depender de la suerte ni de los recursos económicos que tengan.
● San Luis Potosí no puede permitirse más muertes por abortos
inseguros. Es deber del Estado garantizar condiciones para que
ninguna más tenga que recurrir a la clandestinidad.