El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la modificación del artículo 135 de su reglamento para permitir sesiones virtuales. Un día después, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente no contó con asistencia presencial en su reunión programada, lo que generó dudas sobre el compromiso legislativo.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la modificación al artículo 135 del Reglamento del Congreso, permitiendo que diputadas y diputados puedan llevar a cabo reuniones de manera no presencial, siempre y cuando así lo acuerde la comisión respectiva.
Con la aprobación de esta medida, los congresistas podrán reunirse de manera virtual sin la necesidad de asistir físicamente a las instalaciones legislativas, lo que potencialmente podría optimizar tiempos y facilitar la asistencia a las reuniones.
Sin embargo, apenas un día después de la aprobación de esta reforma, se presentó un caso que ha generado debate sobre la efectividad y responsabilidad de su aplicación. Este jueves 30 de enero, a las 11:00 horas, estaba programada en la Agenda Legislativa la reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la Sala “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en Vallejo 200. No obstante, ningún diputado se presentó de manera presencial a la sesión.
La ausencia total de legisladores ha generado incertidumbre y críticas sobre el compromiso de los diputados con el cumplimiento de sus responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado si la sesión se llevó a cabo de forma virtual ni si la falta de asistencia presencial estuvo relacionada con la reciente modificación al reglamento.
Si bien el uso de herramientas tecnológicas puede ser una ventaja en términos de accesibilidad y rapidez, también es fundamental garantizar que los diputados continúen participando activamente en los procesos parlamentarios.
Se espera que en los próximos días la Comisión de Ecología y Medio Ambiente emita un posicionamiento respecto a la inasistencia de sus miembros y aclare si la sesión se llevó a cabo en modalidad virtual. Asimismo, la opinión pública seguirá atenta a la implementación de la reforma al artículo 135, para evaluar si realmente contribuye al mejor desempeño legislativo o si, por el contrario, se convierte en un pretexto para la falta de compromiso de los representantes populares.