El presidente de la Alianza Mexicana de Transportistas, exige intervención federal y soluciones laborales para las comunidades afectadas.
El presidente de la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, informó sobre la localización de 70 puntos dedicados a la venta clandestina de combustible, conocidos como huachicol, en diversas carreteras de San Luis Potosí.
Este fenómeno, según el líder transportista, no solo afecta al sector, sino también a las condiciones sociales y económicas de las comunidades involucradas.
El presidente señaló que los puntos identificados se concentran principalmente en tramos carreteros como el de Santa María del Río a San Luis Potosí, de San Luis Potosí al Huizache y de San Luis Potosí a Silao.
Señaló que estos sitios se han convertido en focos de comercio ilegal de combustible, una actividad que, si bien es motivo de preocupación, también revela la falta de oportunidades laborales en las zonas donde ocurre.
Para Torres Mendoza, el problema no puede resolverse únicamente mediante operativos para combatir el huachicoleo, ya que, aseguró, no existe suficiente personal para realizar estas acciones de manera efectiva y sostenida.
En su lugar, propone un enfoque integral que contemple la participación del gobierno federal para generar soluciones económicas y sociales que atiendan las necesidades de las comunidades que recurren a esta actividad como medio de subsistencia.
El líder transportista destacó que muchas de las personas involucradas en la venta de huachicol enfrentan un panorama laboral desolador, donde la falta de empleo formal los lleva a buscar alternativas ilegales para sobrevivir.
Y señaló que estas comunidades requieren apoyo gubernamental para acceder a empleos dignos, lo que ayudaría a reducir la incidencia del comercio clandestino de combustible.
Además, subrayó que las acciones de control y vigilancia no son suficientes si no se acompañan de esfuerzos para persuadir y orientar a las personas que participan en estas actividades y consideró que, más allá de operativos represivos, es necesario establecer un diálogo con las comunidades y ofrecerles opciones viables que permitan mejorar su calidad de vida.
En este contexto, el presidente de la Alianza Mexicana de Transportistas hizo un llamado a las autoridades para que actúen de manera conjunta con el sector transporte y las comunidades, reconociendo que el combate al huachicoleo no es solo una cuestión de seguridad, sino también un asunto de justicia social y desarrollo regional.