Organizaciones civiles, comerciantes y legisladores critican los 143 incrementos fiscales propuestos por el alcalde Enrique Galindo, señalando abusos, falta de transparencia y afectaciones económicas.
San Luis Potosí vivió este 3 de diciembre de 2024 un episodio de intensa manifestación ciudadana y empresarial en el Congreso del Estado, donde expresaron su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de la capital para el Ejercicio Fiscal 2025. El plan, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, contempla la creación de nuevos impuestos y el aumento de tarifas en 143 rubros, como parquímetros, alumbrado público y valores catastrales. Estas medidas han generado descontento generalizado entre la población y sectores empresariales, quienes califican la iniciativa como un golpe a la economía local.
Desde las 10:30 de la mañana, representantes de diversas organizaciones civiles y empresariales interrumpieron la sesión ordinaria del Congreso del Estado para exigir que los legisladores rechacen la propuesta de Ley de Ingresos presentada por el alcalde. Liderados por Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, los manifestantes destacaron que las medidas propuestas son desproporcionadas e injustificadas.
“Les venimos a exigir que no vayan a aprobar la propuesta del alcalde Enrique Galindo para el incremento de impuestos… No vamos a aceptar que nos ninguneen”, afirmó González durante su intervención en el pleno legislativo.
El presidente del Congreso, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, solicitó un receso para escuchar las peticiones de los inconformes, quienes exigieron que no se aprueben aumentos como el impuesto al alumbrado público, la subida en las tarifas de parquímetros y el incremento de los valores catastrales.
Uno de los puntos más cuestionados por los manifestantes es el impuesto al alumbrado público, al cual calificaron como una doble tributación inconstitucional. Además, señalaron irregularidades en la recaudación de parquímetros, acusando al gobierno municipal de ocultar ingresos reales. Según Ciudadanos Observando, los datos actuales muestran una recaudación menor a la registrada durante 2020, en plena pandemia.
“La recaudación de 2024 no cuadra. En un año con mayor actividad económica, reportaron ingresos inferiores a los de 2020, cuando todo estaba paralizado”, señaló González.
Representantes empresariales como Alberto Narváez Arochi, de Potosinos con Valor, y José Luis Chalita Manzur, de Vive Tu Centro, denunciaron que los aumentos perjudican a los pequeños negocios que aún se recuperan de la pandemia. Chalita criticó también el excesivo gasto en nómina y propaganda por parte del Ayuntamiento.
“Estamos infestados de contaminación visual con propaganda del gobierno. Si redujeran ese gasto y manejan bien el dinero, habría suficiente presupuesto sin necesidad de cargar más impuestos a la gente”, afirmó Chalita.
Los líderes empresariales enfatizaron que los incrementos afectan directamente a comerciantes y ciudadanos. Armando Reyes Cías, de la Canacope, señaló que las nuevas tarifas dificultarán la operación de pequeños negocios, especialmente en zonas como la avenida Venustiano Carranza, donde el cierre de locales comerciales ya es alarmante.
Narváez Arochi advirtió que la reinstalación de parquímetros en Carranza, junto con el aumento del 50% en sus tarifas, desalentará a los consumidores. “Cobrarle al cliente por estacionarse y, además, pagar a los ‘cuidadores’ es un absurdo que solo genera malestar”, subrayó.
La diputada Aranzazú Puente Bustindui, del PAN, calificó la propuesta como “agresiva” y señaló que el aumento del 10.68% en valores catastrales es desproporcionado. Sugirió alternativas como el uso de luminarias LED para reducir costos en alumbrado público sin imponer nuevos impuestos.
“La mayoría de los ingresos municipales ya están ligados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que habrá un ajuste natural por inflación. No hay justificación para estos incrementos”, explicó Puente, quien votará en contra de la propuesta en la Comisión de Hacienda.
Las organizaciones coincidieron en que el gobierno municipal debe priorizar la transparencia y la optimización de recursos antes de recurrir a más impuestos. Propusieron medidas como la reducción del gasto en nómina y propaganda, así como un plan integral de apoyo a comercios y familias afectadas.
Mientras el Congreso del Estado analiza la Ley de Ingresos 2025, los ciudadanos y empresarios se mantienen firmes en su exigencia de proteger la economía local y evitar lo que consideran un abuso fiscal. La presión social y empresarial pone en la balanza el futuro económico de San Luis Potosí, en un escenario donde las decisiones legislativas serán cruciales.