El origen del conflicto se remonta a la inacción de las comisiones legislativas del Congreso local, las cuales, según determinó el TEE, incumplieron su obligación de dictaminar la propuesta dentro del plazo legal estipulado.
En un fallo reciente, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ha instruido al Congreso de San Luis Potosí a dictaminar, en un plazo no mayor de tres meses, la iniciativa ciudadana que propone la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Esta iniciativa, que busca reformar tanto el Código Penal como la Ley de Salud del Estado, ha sido impulsada por activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, entre ellas Diana Idalia Montiel Espinoza, Alejandra Mendoza Araiza, y Nuria Carmina Serrano Arriaga.
El origen del conflicto se remonta a la inacción de las comisiones legislativas del Congreso local, las cuales, según determinó el TEE, incumplieron su obligación de dictaminar la propuesta dentro del plazo legal estipulado.
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, las iniciativas deben ser dictaminadas en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, este plazo fue ampliamente superado, lo que motivó la intervención del tribunal electoral.
La sentencia del TEE establece que el plazo de tres meses para cumplir con la orden de dictaminar comenzará a correr a partir del momento en que se notifique formalmente la resolución al Congreso; además, la legislatura actual tendrá la obligación de informar al tribunal sobre el cumplimiento de esta sentencia dentro de los tres días posteriores a la realización del dictamen.
Es importante destacar que, en caso de que la legislatura en funciones no cumpla con esta orden en el tiempo establecido, la responsabilidad recaerá en la siguiente legislatura, que deberá abordar y resolver el tema de manera prioritaria.
La iniciativa en cuestión representa un paso significativo en la lucha por los derechos de las mujeres en San Luis Potosí, en un contexto nacional donde el tema de la despenalización del aborto ha cobrado creciente relevancia.
La presión ejercida por las impulsoras de esta propuesta y la posterior resolución del TEE podrían ser determinantes para avanzar en la agenda de derechos humanos en el estado.