El Poder Judicial de San Luis Potosí retoma sus funciones tras alcanzar un acuerdo, se comprometieron 18 millones de pesos para resolver el conflicto laboral y garantizar el servicio médico a los trabajadores.
Tras un período de tensión y paralización de actividades, el Poder Judicial de San Luis Potosí ha reanudado sus funciones con normalidad en todo el estado. Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó que la situación laboral que había llevado al colapso del sistema judicial ha sido resuelta, permitiendo que los órganos jurisdiccionales vuelvan a operar de manera regular.
El conflicto, que había generado gran preocupación entre los trabajadores y afectado el acceso a la justicia para miles de ciudadanos, se resolvió gracias a un acuerdo clave alcanzado entre las autoridades y los empleados judiciales. Como parte de este acuerdo, el gobierno estatal se comprometió a realizar un pago total de 18 millones de pesos, el cual deberá completarse antes del 31 de agosto. De esta cantidad, alrededor de 16 millones estarán destinados a asegurar la continuidad del servicio médico, un punto que había sido especialmente conflictivo durante las negociaciones.
Morales Silva detalló que una reunión reciente entre el director del Servicio Médico y los representantes de los trabajadores permitió aclarar dudas sobre la prestación del servicio. “Se tomaron medidas para garantizar que, en caso de presentarse algún problema con el servicio médico, los trabajadores puedan comunicarse directamente con las autoridades competentes”, afirmó el presidente del Tribunal, subrayando el compromiso de mantener un canal de comunicación abierto para evitar futuros inconvenientes.
El servicio médico proporcionado a los empleados del Poder Judicial es de carácter privado, sin incluir un seguro adicional. No obstante, Morales Silva aclaró que los trabajadores también siguen contando con la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese a los rumores que sugerían lo contrario.
En cuanto a los pagos pendientes, Morales Silva desmintió los informes sobre un supuesto bono que no habría sido cubierto a tiempo. Explicó que existe un convenio firmado que establece un cronograma para el pago de las prestaciones. Según lo acordado, algunos pagos se realizarán el lunes 19 de agosto, y para el 31 de agosto se habrán cubierto todos los compromisos financieros. Sin embargo, aclaró que los pagos retroactivos se limitarán a cubrir lo correspondiente al año 2023, dejando el retroactivo de 2024 pendiente para futuras negociaciones.