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Tras lucha de colectivos, Congreso aprueba aumento de penas por maltrato animal en SLP

Después de más de un año de movilizaciones, recolección de firmas y exigencias de justicia, colectivos protectores de animales consiguieron que el Congreso de San Luis Potosí aprobara la denominada Ley Hope, que endurece las sanciones contra el maltrato y la crueldad animal.

La reforma fue aprobada por unanimidad, con 25 votos a favor, y representa un avance para las organizaciones que impulsaron la iniciativa tras el asesinato de Hope, una perrita que fue golpeada y quemada en abril de 2025. Aunque los colectivos habían solicitado sanciones más severas y mayores restricciones para evitar que los agresores obtuvieran beneficios legales, han reconocido el avance que representa esta modificación.

¿Qué cambia con la Ley Hope? Las penas por lesiones leves aumentan hasta dos años de prisión; cuando existen daños permanentes, pueden alcanzar cuatro años, mientras que provocar la muerte de un animal será castigado con dos a seis años de cárcel.

Además, cuando se prolongue innecesariamente el sufrimiento del animal, se utilicen métodos crueles o se grabe la agresión, la sanción por causarle la muerte podrá incrementarse hasta un 50 por ciento, lo que permitiría alcanzar nueve años de prisión. Los actos sádicos, zoofílicos o de sobreexplotación física también tendrán penas de tres a seis años.

La reforma contempla castigos de dos a cinco años por abandonar animales domésticos o de compañía poniendo en riesgo su vida, así como medidas adicionales que incluyen prohibir a los agresores tener mascotas, retirarles su custodia, imponer trabajo comunitario o tratamientos psicológicos.

Sin embargo, la propuesta original de los colectivos contemplaba penas de cuatro a ocho años para los casos más graves, además de otras medidas que no fueron incorporadas en su totalidad. Aunque el aumento de sanciones puede limitar el acceso a determinados beneficios procesales, no significa que todos los responsables de maltrato animal deban cumplir necesariamente una pena de prisión.

Durante la discusión, la diputada Nancy Jeanine García Martínez, de Morena, señaló que las sanciones deben acompañarse de educación ambiental, programas de esterilización y mayor apoyo presupuestal a los refugios, pues el abandono animal también representa un problema de salud pública.

Con la aprobación del decreto, que será enviado al Poder Ejecutivo para su publicación, los colectivos consiguen uno de sus principales objetivos: fortalecer las consecuencias legales del maltrato animal, aunque todavía queda pendiente comprobar su aplicación efectiva en los casos que sean denunciados ante las autoridades.

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