

Extendieron su protesta al Congreso del Estado para exigir una audiencia con diputados y respuestas sobre quejas pendientes. Cuestionan que la reunión con Giovanna Argüelles se proponga hasta el 23 de noviembre, mientras esperan establecer una agenda de trabajo con los legisladores.
Integrantes de colectivos y organizaciones civiles que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) trasladaron este miércoles 28 de octubre su protesta al Congreso del Estado, donde ocuparon parte de la sede legislativa de Vallejo 200 para exigir una audiencia con los diputados.
Alrededor de las 10:00 de la mañana, una veintena de manifestantes ingresó al inmueble, mientras trabajadores del Congreso comenzaron a retirarse. Los inconformes buscan que los legisladores intervengan ante las quejas por presuntas omisiones en la atención a víctimas y revisen la continuidad de la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, así como de otros funcionarios del organismo.
La movilización ocurrió un día después de que representantes de comunidades indígenas acudieron a la Comisión legislativa de Derechos Humanos, presidida por Marco Antonio Gama Basarte, para entregar documentación y números de expedientes relacionados con quejas presentadas desde hace varios años.
Durante esa reunión, el diputado informó que se propone el 23 de noviembre para convocar a Argüelles Moreno, aunque la fecha todavía debe acordarse.
Natalia Castillo Vera, representante del colectivo Vozes, cuestionó que las víctimas deban esperar casi un mes más para obtener respuestas.
“¿Cuánto tienen que esperar más para que les resuelvan sus carpetas? ¿Un mes más? ¿Dos meses más? ¿Tres meses más? ¿Cuánto?”, expresó.
También señaló que, según las cifras que mencionó, la CEDH recibe más de mil quejas al año y emite alrededor de diez recomendaciones, por lo que pidió revisar los resultados del organismo. Estas cantidades requieren contrastarse con los informes oficiales, pues no todas las quejas necesariamente concluyen en recomendaciones.
Entre los motivos de inconformidad se encuentra la Recomendación 10/2026, emitida a partir de una queja del diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra. Los colectivos cuestionan la rapidez con la que se atendió ese caso frente a otros expedientes que, aseguran, llevan años sin resolverse.
Castillo Vera explicó que acudieron al Congreso para solicitar una agenda de trabajo, pero no encontraron a los legisladores que buscaban, por lo que permanecieron a la espera de una comisión que pudiera atenderlos.
“Seguiremos tomando la comisión, que es donde estamos ahí al centro, y ver la manera que pues agarrarlos estando aquí”, señaló.
Por su parte, Gama Basarte ha explicado que cualquier procedimiento para revisar la permanencia de la presidenta de la CEDH debe sustentarse en documentación y una evaluación de su desempeño, sin adelantar una determinación.
Hasta el momento de la protesta no se había confirmado una audiencia con los legisladores. Mientras tanto, las organizaciones reiteraron que mantendrán la ocupación de la CEDH y buscarán una respuesta del Congreso antes de la fecha propuesta para la reunión con su presidenta.

