Una reforma que ya avanzó en comisión busca que, ante una situación urgente de violencia contra una mujer, el Ministerio Público pueda ordenar que el agresor abandone de inmediato la vivienda. La medida aplicaría incluso si él es propietario o tiene el contrato de renta.
En casos de peligro inminente o extrema urgencia por violencia contra una mujer, el Ministerio Público podría ordenar que la persona agresora abandone inmediatamente el domicilio que comparte con la víctima, sin importar a nombre de quién esté la propiedad o el contrato de renta.
La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí avanzó en la Comisión Primera de Justicia del Congreso y ahora deberá pasar al Pleno para su votación.
La iniciativa, presentada por la diputada con licencia y secretaria de las mujeres Roxanna Hernández Ramírez, busca incorporar esta medida entre las órdenes de protección de carácter administrativo. Actualmente, la legislación estatal ya contempla la desocupación del agresor como una medida de naturaleza jurisdiccional; el cambio pretende dejar expresamente establecida la posibilidad de actuar desde el ámbito administrativo ante situaciones urgentes.
En términos prácticos, la víctima no tendría que abandonar su vivienda por el hecho de que el inmueble pertenezca al agresor o esté arrendado a su nombre: ante una situación de riesgo, sería la persona señalada como agresora quien tendría que salir.
Durante la discusión, la diputada de Morena Gabriela López Torres recordó que se trata de una armonización con la propuesta denominada “El agresor sale de casa”, impulsada por Claudia Sheinbaum cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad de México.
“Sin embargo la Presidenta hoy, Presidenta de la República cuando fue jefa de gobierno pues detectó que es una revictimización hacia las mujeres, que después de haber sufrido violencia todavía tengan que sacarla de su domicilio, aún más revictimización para sus hijos cuando los hay y llevarlos a esta clase de albergues, de lugares seguros”, señaló.
López Torres añadió que la intención es evitar que la propiedad del inmueble sea utilizada como argumento para obligar a la víctima a retirarse.
La legisladora señaló que, una vez aprobada la reforma por el Pleno, las mujeres podrían recurrir al Ministerio Público para solicitar esta medida de protección inmediata.
“Así es que a las mujeres potosinas una vez que pasen por el pleno esta iniciativa pues hacerles saber que el Ministerio Público ya podrán contar con esta facultad de sacar al agresor del domicilio”, afirmó.
El dictamen fue aprobado en comisión y será enviado al Pleno del Congreso para determinar si la modificación entra finalmente a la legislación estatal.