Municipios de la capital, Huasteca y Altiplano aún registran esta práctica. El Congreso pidió a los ayuntamientos facilitar apoyos o financiamiento para que los trabajadores puedan migrar a vehículos motorizados.
Aunque San Luis Potosí ya cuenta con una legislación que prohíbe el uso de animales de tiro para la recolección de basura, fierro y otros residuos, la práctica continúa en diferentes municipios debido a la falta de recursos para sustituirlos por vehículos motorizados, señaló el diputado Luis Felipe Castro Barrón.
El integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado indicó que todavía se han detectado casos en la capital y su zona metropolitana, así como en municipios de la Huasteca y el Altiplano.
“Hemos visto en Matehuala, tenemos fotos, tenemos videos, hemos visto en la Huasteca, por ejemplo, Coxcatlán, que aún lo siguen haciendo”, afirmó.
Castro Barrón explicó que algunos carretoneros argumentan que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir otro medio de transporte, por lo que desde el Congreso se ha solicitado a los ayuntamientos implementar esquemas de autofinanciamiento o apoyos económicos que permitan sustituir gradualmente los animales por vehículos.
“Se sigue existiendo, no se ha podido erradicar y yo creo que muchos de ellos alegan que no tienen la capacidad económica para poder hacer el cambio”, señaló.
Desde febrero, el legislador había advertido que el Congreso solicitó a los municipios información sobre el avance de esta transición. En ese momento, únicamente Soledad de Graciano Sánchez había reportado las acciones implementadas, mientras que la capital y Villa de Pozos no habían proporcionado información.
El diputado insistió en que ahora corresponde a los gobiernos municipales hacer efectiva la legislación y aplicar las sanciones previstas, pues aseguró que todavía se registran casos de animales sometidos a cargas excesivas y otras condiciones de maltrato.
“Nuestro llamado es a que los ayuntamientos hagan efectivo este reglamento que nosotros hemos lanzado, que hemos autorizado y que ya se ha impulsado en todos los municipios para que logren castigar y eviten estas prácticas”, manifestó.
Ante la posibilidad de que los municipios continúen sin aplicar las disposiciones, Castro Barrón adelantó que la Comisión analizará con el área jurídica del Congreso qué otras acciones podrían emprenderse, aunque reconoció que la ejecución de la norma corresponde directamente a los ayuntamientos.
“Seguimos lanzando exhortos y desde nuestra posición tenemos que analizar con el área jurídica qué es lo que nosotros pudiéramos hacer, aunque te puedo decir que eso sí ya está totalmente en el área de los ayuntamientos”, concluyó.