Mientras a nivel nacional 59% de las puestas a disposición se canalizan por Justicia Cívica, en San Luis Potosí la cifra es de apenas 0.8%. Aunque ya existe una nueva ley estatal, solo tres de los 59 municipios cuentan con este sistema.
Mafer Martínez
De las 13 mil 707 puestas a disposición de personas registradas en San Luis Potosí durante 2025, apenas 110, equivalentes al 0.8 por ciento, fueron canalizadas ante autoridades de Justicia Cívica, mientras que las 13 mil 597 restantes, el 99.2 por ciento, llegaron al Ministerio Público, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026 del INEGI.
La proporción contrasta con lo ocurrido a nivel nacional, donde el 59 por ciento de las 413 mil 127 puestas a disposición realizadas por la Guardia Nacional y las instituciones estatales de seguridad fueron ante Justicia Cívica y el 41 por ciento ante el Ministerio Público. En entidades como Aguascalientes, la vía cívica representó el 91.3 por ciento de los casos y en Quintana Roo el 85.2 por ciento.
La Justicia Cívica está diseñada para atender faltas administrativas y conflictos cotidianos que no constituyen delitos, como generar ruido o escándalos, ingerir alcohol en la vía pública, participar en riñas o conducir en estado de ebriedad. Su finalidad es solucionar estos problemas de manera rápida y evitar que escalen a hechos delictivos o violentos.
El dato cobra relevancia luego de que el Congreso del Estado aprobó el pasado 2 de junio la nueva Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada el 12 de junio. La legislación establece mecanismos para atender faltas administrativas y promover la mediación, conciliación y justicia restaurativa como alternativas para solucionar controversias.
Sin embargo, la aplicación del modelo todavía es limitada en el territorio potosino. Actualmente sólo San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles cuentan con sistemas de Justicia Cívica en funcionamiento, mientras los otros 56 municipios no lo han implementado.
La propia legislación deja en manos de los ayuntamientos definir el número y distribución de sus juzgados cívicos y dotarlos de instalaciones, personal y recursos de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. Además, establece que los juzgados dependerán de los ayuntamientos y tendrán autonomía técnica y operativa.
Ante esta situación, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera, promovente de la ley, anunció en julio un exhorto para que los 56 municipios restantes analicen implementar el sistema y contemplen recursos en sus presupuestos de 2027.
“Lo que buscamos nosotros es que exista un juez cívico donde tú puedas presentar esta denuncia. El juez cívico atiende a las dos partes, se busca primero que se resuelva por medio del diálogo y, si no, por medio de una multa administrativa”, explicó entonces.
El legislador ha señalado que asuntos como conflictos por ruido, basura, animales, daños materiales o accidentes viales menores podrían resolverse por esta vía en lugar de llegar al Ministerio Público y aumentar la carga de trabajo de la Fiscalía General del Estado.
No obstante, el Congreso no puede obligar a los ayuntamientos a crear el sistema debido a su autonomía municipal. “Nosotros no podemos obligarlos… atendiendo al artículo 115 constitucional y la autonomía de los ayuntamientos. Pero sí podemos platicarlo; son las herramientas que tenemos desde el Congreso del Estado”, reconoció Guajardo.
El CNSPE no explica por qué San Luis Potosí registró una proporción tan baja de asuntos canalizados a Justicia Cívica durante 2025, por lo que los datos no permiten atribuir directamente el 99.2 por ciento enviado al Ministerio Público a la falta de juzgados cívicos en los municipios. Sin embargo, las cifras muestran que el uso de esta vía en el estado fue considerablemente menor al promedio nacional durante ese año.