Representantes de pueblos náhuatl y tének solicitaron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la prohibición definitiva del fracking, cancelar proyectos de exploración en sus territorios y denunciar que la reforma al artículo 2 constitucional no garantiza plenamente su autonomía y derechos colectivos.
Representantes de los pueblos náhuatl y tének de la Huasteca potosina solicitaron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para plantearle directamente sus preocupaciones sobre la reforma al artículo 2 constitucional y exigir la prohibición definitiva del fracking y la minería a cielo abierto en sus territorios.
A través de un escrito dirigido a la mandataria federal, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas consideraron que la propuesta presentada por la Presidencia reconoce de manera limitada sus derechos y deja pendientes aspectos relacionados con la autonomía territorial y político-electoral.
“Quienes viven del gobierno celebran esto como un gran logro, pero en el fondo la reforma fue recortada y condicionada”, señalaron.
Los representantes indígenas recordaron además que durante su campaña presidencial Sheinbaum se comprometió a prohibir la fracturación hidráulica, pero señalaron que las iniciativas para hacerlo siguen sin avanzar.
“Hoy, faltando a su propio compromiso, usted ha hablado de explorar y extraer petróleo y gas en diversas regiones, incluyendo en sus planes a nuestros pueblos y comunidades”.
También cuestionaron la integración del comité de especialistas creado para analizar el tema del fracking y afirmaron que sus integrantes no representan la realidad de las comunidades indígenas.
“Le exigimos congruencia con la palabra empeñada”, expresaron.
En el documento, las comunidades demandan un decreto que prohíba de forma definitiva el fracking y la minería a cielo abierto, la cancelación de cualquier proyecto de exploración o extracción de hidrocarburos que afecte sus territorios y el respeto a su derecho a la libre determinación.
Asimismo, acusaron que la consulta para elaborar la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional “es solo una farsa”, al considerar que no garantiza una participación real de las asambleas comunitarias.
Finalmente, solicitaron una audiencia formal con la presidenta para exponer personalmente sus planteamientos y exigir que cualquier decisión sobre sus territorios se tome con su participación directa.