Somos MX llevó a la Suprema Corte la reforma electoral de San Luis Potosí. El partido busca que se invalide el Decreto 0571 al argumentar que fue aprobado sin consultar a pueblos indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad. Mientras tanto, diputados del PVEM y PAN defendieron los cambios y aseguraron que será la SCJN la que determine si las reformas se ajustan o no a la Constitución.
El partido político Somos MX presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la invalidez del Decreto 0571, mediante el cual el Congreso del Estado aprobó diversas reformas político-electorales. La impugnación sostiene que las modificaciones fueron avaladas sin realizar previamente consultas a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad, como ordenó la propia Corte en una sentencia anterior.
De acuerdo con el borrador de la demanda, la acción busca invalidar la totalidad del decreto, que incluye cambios como la reducción de dos a una sindicatura en los ayuntamientos, modificaciones a la integración de planillas municipales, evaluaciones voluntarias de control de confianza para aspirantes a cargos de elección popular y el registro electrónico de candidaturas, al considerar que todo el procedimiento legislativo está viciado por la falta de consulta.
Al respecto, el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, sostuvo que corresponde a la Suprema Corte determinar si existe alguna inconstitucionalidad y defendió el derecho de cualquier actor a impugnar las leyes.
“Qué bueno que existe la Suprema Corte. Cada quien está en su derecho de presentar las propuestas, las impugnaciones, los actos de inconstitucionalidad y quejas que crean correspondientes… hay que esperar la resolución”, expresó.
Por su parte, el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, informó que el Congreso defenderá la reforma mediante su área jurídica y aseguró que durante su elaboración se procuró evitar modificaciones de fondo.
“Nosotros fuimos justamente algo de lo que cuidamos mucho en esta reforma electoral y por eso no hubo grandes modificaciones de fondo. ¿Por qué? Porque primero se tiene que hacer consulta indígena y, en segundo, cuidamos que el proceso de 2027 esté firme”, afirmó.
Guajardo consideró que, de prosperar la acción, la eventual resolución de la Corte recaería únicamente sobre los artículos impugnados y no necesariamente sobre toda la legislación. Además, estimó que uno de los puntos que podría analizar el máximo tribunal es el relacionado con las evaluaciones de control de confianza para aspirantes a cargos públicos.
“Pero pues no es obligatorio, entonces habría que ver qué dice la Suprema Corte. Una vez haciéndolo obligatorio, pues sí estaríamos vulnerando los derechos humanos de votar y ser votado”, concluyó.