Aunque el Congreso dio por resuelto el caso desde febrero, el conflicto laboral en Villa Juárez sigue abierto. Trabajadores denuncian que continúan con salarios por debajo del mínimo, despidos, presiones para abandonar el sindicato y hasta reinstalaciones sin sueldo ni funciones.
A pesar de que desde febrero el Ayuntamiento de Villa Juárez informó al Congreso del Estado que había regularizado los salarios de sus trabajadores, el conflicto laboral continúa. Empleados municipales denuncian que persisten pagos por debajo del salario mínimo, despidos, presiones para abandonar el sindicato e incluso reinstalaciones sin funciones ni pago.
El caso comenzó a tomar relevancia pública a finales de 2025, cuando trabajadores del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa priista Lisa Avigail Izaguirre Rico, denunciaron que percibían salarios de entre 80 y 200 pesos diarios, muy por debajo del salario mínimo vigente. Ante ello, la diputada del PT, María Leticia Vázquez Hernández, promovió un exhorto para que el municipio garantizara un salario digno y respetara los derechos laborales de sus empleados.
En respuesta, el Ayuntamiento envió un oficio al Congreso en el que aseguró haber instruido a las áreas de Recursos Humanos y Jurídica para ajustar los salarios conforme a la ley y atender las demandas laborales. Con base en ese documento, la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Sara Rocha Medina, dio por solucionado el conflicto.
En semanas recientes, la legisladora reiteró esa postura al señalar: “Se resolvió, yo estoy muy al pendiente, es un gobierno municipal priista y resolvieron inmediatamente (…) sí les aumentaron el sueldo a como tenía que ser.”
Sin embargo, el abogado de los trabajadores, Roberto Rivera Martínez, sostiene que la realidad es distinta. “Sigue la explotación laboral, sigue el acoso, el trato inhumano en contra de sus trabajadores”, afirmó.
El representante legal aseguró que actualmente los trabajadores continúan percibiendo entre 800 y mil 200 pesos semanales y denunció que, para aparentar el cumplimiento de la ley, el Ayuntamiento modificó la forma en que registra las jornadas laborales.
“Trabajan toda la semana, pero en el recibo les ponen que trabajan tres días”, explicó.
Como respaldo de estas afirmaciones, los trabajadores entregaron recibos de nómina correspondientes a marzo de este año en los que aparecen salarios diarios de 114.29, 128.71 y 149.86 pesos, cantidades inferiores al salario mínimo vigente para ese periodo.
Además del tema salarial, Rivera Martínez denunció que ocho de los 24 trabajadores que integraban el grupo inconforme fueron despedidos, mientras que otros habrían sido presionados para renunciar al sindicato y desistirse de la demanda mediante la cual buscaban la regularización de sus sueldos.
Según el abogado, seis empleados fueron trasladados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para firmar documentos sin conocer plenamente su contenido.
“Los trajeron con engaños, con amenazas, con presión”, aseguró.
El conflicto también se trasladó a los tribunales. El pasado 26 de junio, cuatro trabajadores fueron reinstalados como parte de un juicio por despido; sin embargo, Rivera Martínez afirmó que el Ayuntamiento únicamente cumplió con la diligencia formal.
Explicó que los empleados no fueron reincorporados a la nómina, no se les asignaron actividades ni comenzaron a recibir salario, por lo que solicitaron la intervención de un notario público para dejar constancia de la situación.
El abogado también cuestionó la actuación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al señalar que, pese a las denuncias presentadas desde hace meses, no han emitido una respuesta que resuelva de fondo las presuntas violaciones laborales.
De esta manera, a más de medio año de que el Ayuntamiento informara al Congreso que había corregido las irregularidades, el conflicto permanece abierto y los trabajadores sostienen que las condiciones que originaron las denuncias continúan sin resolverse.