En su penúltimo informe antes de desaparecer como organismo autónomo, la CEGAIP reportó mil 36 solicitudes de información, 206 recursos de revisión y 71 medidas de apremio durante el segundo trimestre de 2026. Además, planteó que la nueva legislación conserve reglas locales como responder solicitudes en 10 días y mantener la actualización mensual de las obligaciones de transparencia.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) presentó ante el Congreso del Estado su segundo informe trimestral de 2026, uno de los últimos antes de su desaparición como organismo autónomo, en el que reportó mil 36 solicitudes de acceso a la información, 206 recursos de revisión y 71 medidas de apremio aplicadas durante el periodo abril-junio.
Durante la entrega del informe, el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso aseguró que el organismo mantiene sus funciones mientras avanza la armonización de las leyes secundarias que darán paso al nuevo sistema estatal de transparencia.
En el informe destaca que el Poder Ejecutivo concentró 443 solicitudes de información, seguido de los ayuntamientos con 334 y los organismos autónomos con 137. Además, la CEGAIP informó que recibió 47 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y realizó 20 evaluaciones vinculantes a sujetos obligados.
En entrevista posterior, Navarro Alviso señaló que, aunque la CEGAIP aún desconoce cómo quedará integrado el órgano desconcentrado que la sustituirá, participa en las mesas de trabajo para armonizar la legislación estatal con la reforma federal.
Entre los aspectos que el organismo propone conservar se encuentra la actualización mensual de las obligaciones de transparencia —frente al esquema trimestral previsto en la legislación federal—, la continuidad de la Plataforma Estatal de Transparencia y el plazo de 10 días para responder solicitudes de acceso a la información, menor a los 15 días contemplados en la nueva Ley General.
El comisionado consideró que mantener esas disposiciones permitiría conservar un acceso más ágil a la información pública y preservar mecanismos que actualmente distinguen a la legislación potosina en materia de transparencia.