“No eran dos familias ni diez hectáreas”, respondieron habitantes de La Peña a la versión del Ayuntamiento de Tampamolón. Los afectados aseguran que el desalojo destruyó viviendas, cultivos y pertenencias de familias que llevaban más de 30 años viviendo en el lugar y exigen reparación del daño.
Habitantes de la comunidad indígena La Peña rechazaron la versión del Ayuntamiento de Tampamolón de que el conflicto involucra únicamente a dos familias y diez hectáreas, y aseguraron que el desalojo del pasado 9 de junio afectó a decenas de personas asentadas desde hace más de 30 años en alrededor de 200 hectáreas.
Durante una rueda de prensa, María Dolores Beltrán Ledezma afirmó que las autoridades estatales y federales conocían desde hace tiempo la situación jurídica del predio y cuestionó que no existan investigaciones contra quienes participaron en el operativo. “No es posible que no se esté haciendo un proceso a las personas que abusaron de los derechos de los compañeros indígenas”, señaló.
Olga, una de las afectadas, negó que sólo dos familias vivieran en el lugar y sostuvo que las viviendas sí existían y fueron destruidas durante el desalojo. “Nosotros tenemos más de 33 años viviendo ahí (…) somos una comunidad, no somos una colonia”, afirmó.
Los pobladores aseguraron que, aunque un Tribunal Federal ordenó la restitución del predio, las viviendas y pertenencias destruidas durante el operativo no han sido restituidas. “Ahora mi niño me pregunta: ‘mamá, ¿dónde vamos a vivir?’”, relató la habitante.
Por su parte, Feliciano Santos Sánchez acusó que maquinaria derribó viviendas, árboles frutales y cultivos que constituían el sustento de las familias. “Todo mandó a tumbar, todo dejó limpio con las máquinas”, aseguró.
Los habitantes adelantaron que buscarán exponer el caso ante autoridades federales y reiteraron su exigencia de reparación del daño y sanciones para quienes participaron en el operativo.