Desde inicios de este año, organizaciones indígenas y ambientalistas comenzaron a advertir que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla la explotación de yacimientos de “geología compleja” en la Cuenca Tampico-Misantla, una expresión que especialistas relacionan con la fracturación hidráulica o fracking.
La polémica creció cuando varios municipios de la Huasteca comenzaron a recibir oficios relacionados con permisos para el almacenamiento y uso de material explosivo.
El Observatorio Indígena Mesoamericano aseguró que estos trámites podrían ser el primer paso para proyectos de extracción mediante fracking y denunció la ausencia de consultas a las comunidades indígenas.
Sin embargo, Pemex negó que exista un proyecto de fracking en San Luis Potosí y afirmó que los documentos únicamente forman parte de un procedimiento administrativo para mantener vigentes permisos federales y atender posibles contingencias en pozos ya existentes.
Mientras tanto, varios ayuntamientos comenzaron a fijar postura.
Tanlajás aprobó en Cabildo rechazar cualquier autorización relacionada con estas actividades, mientras que San Antonio, Tamuín y Xilitla también han expresado reservas o su oposición.
Por ahora no existe una confirmación oficial de proyectos de fracking en la Huasteca, pero las comunidades mantienen la exigencia de consulta previa y de protección al agua y al territorio.
Las advertencias sobre un posible regreso del fracking a la región anteceden a la difusión de estos oficios.
Desde enero, organizaciones como el Observatorio Indígena Mesoamericano, la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y diversas autoridades comunitarias tének y nahua comenzaron a movilizarse para exigir la prohibición constitucional de esta técnica y rechazar cualquier proyecto extractivo en sus territorios.
Durante los últimos meses se han realizado foros regionales, asambleas y movilizaciones en distintos municipios huastecos, mientras comunidades indígenas insisten en que cualquier decisión deberá respetar el derecho a la consulta previa y a la libre determinación de los pueblos originarios.
La postura de Pemex no elimina las dudas de las organizaciones, pues la paraestatal confirmó la existencia y autenticidad de los oficios, aunque les atribuyó un propósito distinto al señalado por activistas y comunidades.