La Suprema Corte volvió a pedirle cuentas al Congreso por las consultas que sigue debiendo.
Ahora le solicitó un cronograma de trabajo, pruebas de que ya gestiona el presupuesto y documentos que acrediten los avances para consultar a personas con discapacidad antes de reformar la Ley de Educación.
Mientras el Congreso del Estado asegura que continúa construyendo, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el protocolo para realizar las consultas pendientes, el máximo tribunal emitió un nuevo requerimiento para que presente un cronograma de trabajo, documentación sobre la búsqueda de recursos y pruebas de los avances alcanzados.
La nueva solicitud corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, relacionada con reformas a la Ley de Educación del Estado. La Corte dio al Congreso un plazo de 20 días hábiles para entregar pruebas de que ya busca el dinero necesario, presentar un calendario de trabajo y explicar cómo planea organizar la consulta.
El requerimiento también pide que el Congreso documente las reuniones, convenios, solicitudes y cualquier otra gestión realizada para conseguir recursos, además de un cronograma con las etapas y fechas previstas para llevar a cabo la consulta durante este año.
Si el Congreso no responde en el plazo fijado, la Suprema Corte advirtió que puede imponer multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a las autoridades responsables.
Sobre este nuevo requerimiento, la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, aseguró que el Poder Legislativo trabaja de manera conjunta con personal de la Suprema Corte para definir el procedimiento.
La legisladora indicó que ambas partes han sostenido varias reuniones técnicas: “Todavía siguen trabajando tanto el jurídico y los nuestros con la Corte. Vamos a tener una reunión más. Hemos tenido como cinco”.
Explicó que la intención es evitar repetir los errores de consultas anteriores, que terminaron siendo invalidadas por la propia Suprema Corte.
Rocha Medina señaló que primero buscan concluir un protocolo que establezca paso a paso cómo deberán realizarse las consultas para que éstas ya no vuelvan a ser impugnadas.
En cuanto al presupuesto, dijo que todavía no existe un monto definitivo porque dependerá del protocolo que finalmente sea aprobado.
“La última versión que nos habían dado era de 15 o 18 millones (…) tenemos que saber en qué cantidad quedó ya con el protocolo”.
También confirmó que la intención es que las consultas sean organizadas por una instancia técnica externa y no directamente por el Congreso.
¿Cuántas consultas tiene pendientes el Congreso?
Actualmente el Congreso acumula cuatro consultas obligatorias derivadas de resoluciones judiciales.
Tres fueron ordenadas por la Suprema Corte: una para reformar la Ley de Educación en materia de personas con discapacidad y dos relacionadas con la Ley Electoral, donde deben consultar tanto a personas con discapacidad como a pueblos y comunidades indígenas antes de modificar la legislación.
La cuarta corresponde al posible cambio del sistema de elección por usos y costumbres en los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, un proceso ordenado por el Tribunal Electoral del Estado.
Mientras esas consultas no se realicen conforme a los criterios fijados por los tribunales, el Congreso mantiene pendientes diversas reformas y continúa bajo supervisión judicial por el incumplimiento de las sentencias.
¿Por qué son importantes estas consultas?
Las consultas a personas con discapacidad y pueblos indígenas no son un trámite administrativo, sino un derecho reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. Su objetivo es que, antes de aprobar una ley que pueda afectarles, estas personas puedan conocer la propuesta, opinar y hacer planteamientos para que sus necesidades sean tomadas en cuenta. Con ello se busca evitar que las leyes se elaboren sin escuchar a quienes vivirán sus consecuencias y que las políticas públicas respondan a problemas reales.