La reforma plantea diagnóstico en todas las edades, una cuota laboral del 3% en el sector público y un padrón estatal para diseñar mejores políticas públicas.
El Congreso del Estado recibió una iniciativa para modificar la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, con el propósito de que deje de enfocarse únicamente en la niñez y atienda también las necesidades de adolescentes, adultos y personas mayores dentro del espectro autista.
La propuesta, presentada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón y construida con diversos colectivos especializados en el espectro autista, parte de que la legislación vigente, aprobada en 2017, privilegia un modelo médico centrado en el diagnóstico temprano, pero deja sin respuesta aspectos como el acceso al empleo, la vida independiente, la inclusión social y el envejecimiento de las personas autistas.
Uno de los principales cambios consiste en ampliar el derecho al diagnóstico para que no se limite a los primeros años de vida. De aprobarse la reforma, las instituciones de salud tendrían la obligación de realizar evaluaciones clínicas en cualquier etapa, incluyendo adolescencia y edad adulta, además de incorporar una perspectiva de género para mejorar la detección, particularmente en mujeres, quienes suelen recibir diagnósticos tardíos.
La iniciativa también busca cambiar el enfoque de la ley al incorporar conceptos como neurodiversidad, vida independiente, habilidades para la vida autónoma y ajustes razonables, con la intención de reconocer a las personas autistas como sujetos de derechos y no únicamente como pacientes que requieren atención médica.
Otro de los ejes de la propuesta es la inclusión laboral. El proyecto plantea establecer una cuota obligatoria del 3 por ciento de personas neurodivergentes en la plantilla de los poderes del Estado, organismos autónomos y dependencias públicas, además de adaptar los espacios de trabajo mediante ajustes como reducción de ruido, control de iluminación, capacitación al personal y protocolos de contratación incluyentes.
La reforma también establece que obtener un empleo no sea motivo para perder certificados de discapacidad, pensiones, becas u otros apoyos sociales. Con ello se busca evitar que las personas tengan que elegir entre trabajar o conservar los beneficios a los que ya tienen derecho.
Además, se propone crear un Registro Estatal de Personas con la Condición del Espectro Autista, que sería administrado por el DIF Estatal, a través del CREE, con información proporcionada por instituciones de salud y ayuntamientos. El objetivo es contar con datos actualizados sobre cuántas personas viven con esta condición en San Luis Potosí para planear mejor las políticas públicas y distribuir los recursos de manera más eficiente. El registro sería voluntario y requeriría autorización de la persona o de quien ejerza su tutela.
Asimismo, la iniciativa obliga a las dependencias estatales y municipales a diseñar programas específicos de inclusión educativa, laboral y social, incorporar ajustes razonables en los servicios públicos y capacitar a su personal para brindar atención adecuada a personas con autismo.
Como parte de los artículos transitorios, el proyecto prevé que, si la reforma es aprobada, el Ejecutivo estatal emita en un plazo de 90 días los lineamientos para aplicar la cuota laboral y los protocolos de adecuación sensorial en oficinas públicas, además de implementar talleres para preparar a jóvenes autistas en su transición hacia la vida independiente y el empleo.
Antes de que la iniciativa pueda ser votada por el Pleno, deberá ser analizada en las comisiones derechos humanos, así como la de salud y someterse a las consultas públicas obligatorias con personas con discapacidad.