Semanas después del violento desalojo de familias indígenas tének en La Peña, Tampamolón —cuyas imágenes de golpes y detenciones se viralizaron—, un Tribunal Federal ordenó su restitución inmediata al predio y a sus viviendas mientras continúa el juicio de amparo.
Un Tribunal Federal ordenó la restitución inmediata de las familias indígenas tének desalojadas del predio La Peña, en la comunidad Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, al conceder una suspensión provisional con efectos restitutorios dentro del Recurso de Queja 195/2026.
La resolución modifica una determinación previa y establece que las personas que promovieron el juicio de amparo deben ser reincorporadas de inmediato a la posesión de sus viviendas y parcelas, de donde fueron desalojadas durante un operativo realizado hace algunas semanas.
El fallo también ordena que la restitución sea encabezada por el Ministerio Público adscrito a Tampamolón Corona, quien deberá levantar un acta circunstanciada del cumplimiento de la diligencia y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito.
Además, el Tribunal instruyó la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que deberá proporcionar intérpretes en lenguas tének, náhuatl y maya para garantizar que las personas involucradas comprendan las actuaciones y se respeten sus derechos como integrantes de comunidades indígenas.
La resolución se emite después de que las familias afectadas denunciaron que, tras el desalojo, sus viviendas fueron destruidas y sus pertenencias saqueadas e incendiadas. Organizaciones campesinas también señalaron que en el operativo participaron autoridades municipales con apoyo de corporaciones estatales.
Con esta decisión, el Tribunal deja sin efectos prácticos la medida que permitió el desalojo y ordena restablecer las condiciones que existían antes de la intervención de las autoridades, mientras continúa el análisis de fondo del juicio de amparo.
Ahora, la atención se centra en el cumplimiento de la resolución judicial, ya que las autoridades involucradas deberán ejecutar la restitución en los términos fijados por el Tribunal. El incumplimiento de la orden podría generar responsabilidades legales para los servidores públicos responsables.