Congreso de San Luis Potosí volvió a modificar la reforma judicial. A menos de un año de la primera elección de jueces y magistrados, el Pleno aprobó cambios que devuelven al Supremo Tribunal la elección de su presidencia, vuelven los jueces auxiliares y eliminan la regla que permitía cubrir vacantes con la siguiente candidatura más votada.
A menos de un año de la primera elección judicial en San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprobó este lunes una nueva reforma al Poder Judicial que modifica algunas de las reglas creadas con ese proceso, entre ellas la forma de elegir a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y el mecanismo para cubrir vacantes de jueces y magistrados.
Uno de los cambios más importantes es que la presidencia del Supremo Tribunal ya no será ocupada por la magistratura que haya obtenido la mayor votación en las urnas. Ahora serán las y los propios magistrados quienes elijan a su presidente o presidenta para un periodo de tres años.
La reforma también elimina la regla que permitía que, cuando un juez o magistrado dejara el cargo, éste fuera ocupado por la persona que obtuvo la siguiente mayor votación en la elección judicial. En su lugar, el propio Poder Judicial designará de manera provisional a quien desempeñe esas funciones hasta que se realice una nueva elección.
Además, el Congreso aprobó el regreso de los jueces auxiliares, al considerar que su desaparición complicó la atención de asuntos en diversos municipios durante los primeros meses del nuevo sistema judicial.
Otro de los cambios crea una Junta de Coordinación para mejorar la comunicación entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, además de reorganizar áreas administrativas y actualizar el funcionamiento de los juzgados conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La reforma también incorpora reglas para cubrir ausencias temporales de jueces y magistrados, así como licencias por maternidad, paternidad o motivos de salud, e instruye al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina a emitir medidas para prevenir conflictos de interés, nepotismo, clientelismo y actos de discriminación dentro del Poder Judicial.
La diputada Gabriela López Torres quien votó en contra sostuvo que las modificaciones representan “un retroceso” porque devuelven al propio Poder Judicial decisiones que originalmente habían quedado sujetas al voto ciudadano, como la elección de la presidencia del Supremo Tribunal y la forma de cubrir las vacantes.
Con la aprobación del Pleno, el Poder Judicial volverá a operar bajo reglas distintas a las que se establecieron con la reforma judicial de 2024, apenas unos meses después de su entrada en vigor.