Madres cuidadoras acusan presunta manipulación, amenazas y retiro de apoyos dentro de colectivo en SLP. Aseguran que fueron excluidas tras cuestionar decisiones internas y denuncian que incluso les suspendieron apoyos gubernamentales después de que, presuntamente, reportaran falsamente el fallecimiento de sus familiares con discapacidad.
Un grupo de madres cuidadoras denunció presuntas prácticas de violencia psicológica, discriminación, manipulación y uso discrecional de apoyos al interior de un colectivo en San Luis Potosí, del cual aseguran haber sido excluidas después de cuestionar decisiones internas, el manejo de gestiones y la participación en actividades ajenas a la defensa de personas cuidadoras.
Por seguridad, las denunciantes pidieron mantener su identidad bajo reserva. En sus testimonios señalaron directamente a Mariana Hernández Noriega, presidenta del colectivo Cuidadoras Potosinas, a quien acusaron de haberlas eliminado de grupos de comunicación, exhibido públicamente, condicionado apoyos y utilizado la organización para fines personales, políticos y laborales.
Una de las madres relató que varias integrantes participaron desde 2022 en gestiones, actividades públicas y trabajos relacionados con una iniciativa de ley en favor de personas cuidadoras. Sin embargo, en 2023 algunas fueron expulsadas del grupo. “Somos un grupo de mamás que de una u otra forma hemos sufrido diferentes tipos de violencia y discriminación por parte de la señora Mariana Hernández Noriega”, señaló una de las denunciantes.
De acuerdo con los testimonios, una de las primeras rupturas ocurrió cuando una integrante comenzó a orientar a otras madres sobre trámites y gestiones. Según las denunciantes, esto habría generado molestia en la dirigente del colectivo, quien presuntamente respondía de forma grosera cuando le solicitaban apoyo. Una de ellas afirmó que les decía: “muévanse ustedes, ustedes qué van a hacer sin mí si yo me muero”.
Las madres también acusaron que eran convocadas a actividades que, a su consideración, se alejaban del objetivo del colectivo, como eventos partidistas o protestas relacionadas con conflictos laborales personales de Hernández Noriega. “Nos quería hacer partícipe de ir a favorecer cierto partido que ella decía”, sostuvo una de las denunciantes.
Otro señalamiento central fue el presunto retiro de tarjetas de apoyo otorgadas por Gobierno del Estado a madres cuidadoras. Las denunciantes afirmaron que al menos diez mujeres dejaron de recibir el beneficio después de que, según les informaron posteriormente, se habría reportado falsamente que sus hijos o familiares con discapacidad habían fallecido.
“Fuimos a preguntar a cierto lado y dijeron que porque la señora Mariana había ido a notificar que ya estábamos fuera de su grupo y que porque nuestros hijos ya habían fallecido”, relató una de ellas. Otra agregó: “a las diez primeras fue a las que nos las quitó diciendo que habían fallecido nuestros familiares”.
Las afectadas señalaron que permanecieron varios meses sin el apoyo, hasta que acudieron nuevamente ante autoridades y legisladores para explicar su situación, tras lo cual las tarjetas les fueron restituidas. No obstante, afirmaron que no hubo una investigación más profunda sobre lo ocurrido.
También denunciaron presuntas solicitudes de dinero y aportaciones en especie. Según los testimonios, se les pedían depósitos sin excepción de 200 o 250 pesos cuando alguna integrante del círculo cercano de la dirigente decía tener problemas económicos, así como apoyo para útiles escolares. Además, acusaron que se habrían solicitado hasta 500 pesos por supuestas gestiones para obtener certificados de discapacidad.
Las madres cuidadoras afirmaron que varias de ellas enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad económica, familiar y emocional, por lo que consideran grave que se condicionaran apoyos o se ejerciera presión sobre ellas. Una denunciante resumió: “no podemos decir que somos a favor de las personas cuidadoras y defender los derechos cuando por otro lado estamos ejerciendo violencia contra las mismas”.
El grupo inconforme también cuestionó que, en el proceso legislativo relacionado con la llamada ley de personas cuidadoras, sólo se haya dado visibilidad a un colectivo, pese a que aseguran que otras agrupaciones participaron desde etapas anteriores. Actualmente, varias de las denunciantes forman parte de una nueva agrupación denominada Reconstruyendo Vidas, integrada por alrededor de 60 mujeres.
Las denunciantes pidieron que las autoridades escuchen a otros grupos de madres cuidadoras y revisen los mecanismos de entrega, suspensión y seguimiento de apoyos, para evitar que beneficios públicos dependan de liderazgos particulares o de decisiones discrecionales dentro de colectivos.