Colectivos animalistas cuestionaron que el presunto agresor de dos perros en Soledad enfrente su proceso en libertad y pidieron a la Fiscalía reforzar la investigación. También llamaron al Congreso a fortalecer la #LeyHope.
Organizaciones y activistas en defensa de los animales manifestaron su inconformidad con la decisión que permitió que el presunto responsable de la agresión contra dos perros en el campo Los Delfines, en Soledad de Graciano Sánchez, continúe su proceso penal en libertad.
A través de un posicionamiento público, los colectivos consideraron que la Fiscalía General del Estado no defendió con suficiente firmeza los argumentos para mantener medidas cautelares más restrictivas contra el imputado, pese a la gravedad de los hechos.
Los activistas señalaron que la violencia ejercida contra los animales no debe ser minimizada, ya que refleja actos de crueldad que generan preocupación social. También sostuvieron que el mecanismo utilizado para causar daño a los perros debió ser valorado con mayor peso al analizar el riesgo que representa la persona acusada.
Asimismo, argumentaron que el caso involucra a más de una víctima, por lo que cada agresión debería investigarse de manera individual para determinar todas las posibles responsabilidades legales.
Las organizaciones también rechazaron que la edad o posibles condiciones de salud mental del imputado sean consideradas sin sustento técnico, al señalar que cualquier situación de este tipo debe acreditarse mediante peritajes especializados e imparciales.
Entre sus exigencias, pidieron a la Fiscalía fortalecer la investigación con pruebas científicas y al Poder Judicial considerar la gravedad de los hechos y la protección de la comunidad al resolver el caso. Además, llamaron al Congreso del Estado a fortalecer las sanciones contra el maltrato animal durante la discusión de la denominada Ley Hope.
Los colectivos solicitaron a la Fiscalía General del Estado fortalecer la investigación mediante peritajes científicos y un análisis integral de todas las conductas posiblemente delictivas; al Poder Judicial, valorar la gravedad de los hechos, la protección de la comunidad y el bienestar animal al resolver medidas cautelares; y al Congreso del Estado, aprovechar la discusión de la Ley Hope para reforzar los mecanismos legales de prevención, sanción y erradicación del maltrato animal en San Luis Potosí.
Finalmente, los colectivos advirtieron que continuarán dando seguimiento al proceso y señalaron que una respuesta institucional firme es necesaria para evitar la impunidad en casos de violencia contra los animales.