El auditor superior Rodrigo Lecourtois advirtió que el desvío de programas sociales, personal, vehículos oficiales, oficinas o cualquier recurso gubernamental para beneficiar campañas o candidatos puede constituir un delito.
A cinco meses del arranque formal del proceso electoral constitucional 2027, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) anunció que ya trabaja en mecanismos para reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y detectar posibles desvíos con fines electorales.
El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que ya se trabaja en una estrategia preventiva para revisar operaciones financieras e identificar irregularidades que pudieran constituir delitos electorales.
“Impedir el desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales es un tema que implica esfuerzos preventivos para los organismos de fiscalización”, señaló.
El funcionario advirtió que el uso de programas sociales, bienes, personal, vehículos oficiales, oficinas o recursos gubernamentales para beneficiar o perjudicar a candidatos o partidos políticos puede constituir uno o varios delitos.
“El destino de fondos, bienes, servicios, programas sociales y personal al servicio de los entes públicos para favorecer o perjudicar a un candidato o partido político, constituye uno o varios delitos”, afirmó.
Lecourtois López reconoció que la vigilancia no se limitará a los organismos fiscalizadores y afirmó que los servidores públicos enfrentarán un mayor escrutinio conforme se acerque la contienda.
“Los funcionarios de todos los niveles ya andan inquietos y deben estar conscientes de que son observados como nunca antes”, declaró.
Además, adelantó que el IFSE buscaría coordinación con el INE para fortalecer la detección de posibles irregularidades durante el próximo proceso electoral y aseguró que cualquier anomalía detectada será sancionada conforme a la ley.