Casi cinco años después de las inhabilitaciones contra integrantes del Cabildo capitalino 2018-2021, el Congreso de San Luis Potosí enfrenta nuevos reveses judiciales: deberá cancelar el juicio político contra la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez y reponer el procedimiento en el caso de siete exregidores, mientras acumula resoluciones de la Suprema Corte que cuestionan la legalidad de las sanciones impuestas en 2021.
El Congreso del Estado enfrenta actualmente dos resoluciones judiciales derivadas del juicio político que en 2021 llevó a la inhabilitación de integrantes del Cabildo capitalino 2018-2021, entre ellos la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez y varios regidores.
De acuerdo con la exsíndica municipal, los distintos amparos promovidos por los exfuncionarios han seguido rutas separadas, pero todos surgieron de la misma resolución aprobada por la LXIII Legislatura, que sancionó a integrantes del Ayuntamiento por presuntamente incumplir una suspensión judicial relacionada con la construcción de un puente sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero.
El primer revés para el Congreso llegó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de Xavier Nava y concluyó que el Poder Legislativo invadió facultades que correspondían exclusivamente al Poder Judicial Federal. Posteriormente, la Corte resolvió en el mismo sentido el caso de la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, cuyo proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por unanimidad en febrero de este año.
La resolución más reciente obliga al Congreso a emitir una nueva determinación en el caso de Vázquez Martínez y declarar improcedente el juicio político en su contra, al considerar que el Legislativo no tenía atribuciones para determinar si existió o no una violación a una suspensión federal.
“Jamás había pasado algo así, tan nunca había pasado que esta sentencia del exalcalde Xavier Nava sentó un precedente muy importante nacional y formó jurisprudencia”, afirmó la exfuncionaria.
Además, existe un tercer bloque de resoluciones relacionado con siete exregidores de la misma administración. En esos casos, un juzgado federal ordenó reponer el procedimiento porque las pruebas presentadas por los involucrados no fueron valoradas adecuadamente durante el juicio político.
Por ello, actualmente el Congreso debe atender dos procesos distintos: cumplir la sentencia de la Suprema Corte que ordena dejar sin efectos el juicio político contra la exsíndica y, de manera paralela, rehacer etapas del procedimiento respecto de los siete exregidores.
La exsíndica sostuvo que el fondo del conflicto es que el Congreso resolvió una materia que correspondía exclusivamente a los tribunales federales. “La autoridad responsable de resolver esto es el Poder Judicial Federal y tú ya te adelantaste diciendo que sí lo violentamos cuando todavía no nos dicen si eso fue verdad o no”, señaló.
Aunque reconoció que el Congreso cuenta con plazos para cumplir las sentencias, dijo confiar en que las resoluciones serán acatadas dentro de los tiempos fijados por los órganos jurisdiccionales.
Vázquez Martínez aseguró que su principal interés no es regresar a la función pública, sino que quede asentado el precedente jurídico derivado de estas resoluciones y que no vuelvan a repetirse casos similares.