-Dos juzgados federales frenaron parcialmente las medidas tomadas por la UASLP contra profesoras de Criminología señaladas por estudiantes.
Dos juzgados federales ordenaron a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí modificar parcialmente las medidas aplicadas contra profesoras de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, luego de las denuncias estudiantiles y protestas registradas en semanas recientes.
Las resoluciones fueron emitidas el pasado 2 de junio dentro de los expedientes 938/2026 y 838/2026 por los juzgados Tercero y Cuarto de Distrito, que analizaron las acciones tomadas por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho contra docentes señaladas por estudiantes.
En uno de los casos, el Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión provisional a una profesora al considerar que separarla completamente de sus funciones podría afectar su presunción de inocencia y su honra, ya que aún no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones.
Por ello, el juzgado ordenó a la universidad dejar sin efectos la separación total de actividades y emitir una nueva medida donde únicamente se restrinjan las funciones que impliquen contacto directo con las y los estudiantes denunciantes. La resolución fijó un plazo de 24 horas para cumplir con la determinación.
En el otro caso, el Juzgado Cuarto de Distrito negó la suspensión para frenar el procedimiento interno iniciado por la Facultad de Derecho, al considerar que las medidas preventivas buscan proteger el entorno educativo mientras se investigan los señalamientos.
Sin embargo, el mismo juzgado también determinó que la universidad no podía suspender totalmente el salario y las prestaciones de otra docente mientras continúa el proceso, por lo que ordenó garantizarle el pago del 30 por ciento de sus ingresos bajo el concepto de “mínimo vital”.
Las resoluciones judiciales significan que la UASLP deberá mantener los procedimientos internos abiertos, pero ajustando algunas de las medidas impuestas contra las profesoras, particularmente aquellas relacionadas con la separación total de funciones y la suspensión de ingresos.
El conflicto comenzó en mayo, cuando estudiantes de Criminología presentaron escritos ante Rectoría para denunciar presuntas irregularidades académicas y solicitar la permanencia de docentes como José Luis Carpio Domínguez y César Hernández Mier. Posteriormente, el Consejo Técnico Consultivo decretó medidas preventivas contra profesoras señaladas por el alumnado.
El conflicto ocurre en medio de tensiones internas dentro de la Facultad de Derecho de la UASLP entre grupos de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Criminología. Durante la reciente manifestación estudiantil, el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de diferencias entre grupos académicos al interior de la facultad y señaló que existe un sector mayoritario que respalda el actual proyecto educativo de la carrera, mientras otro grupo —vinculado a profesoras relacionadas con la colectiva Las 6N— ha cuestionado dinámicas internas, decisiones institucionales y situaciones que consideran violencia o irregularidades dentro del espacio universitario.