Cambio de Ruta y Verde Potosino advirtieron que la separación de Soledad del INTERAPAS no tiene hasta ahora estudios técnicos, financieros ni jurídicos que la respalden. Las organizaciones alertaron riesgos de desabasto y afectaciones al sistema metropolitano de agua, además de anunciar posibles acciones legales y exigencias de consulta pública antes de cualquier cambio.
Las organizaciones civiles Cambio de Ruta A.C. y Colectivo Verde Potosino hicieron público un posicionamiento y estrategia jurídica contra la posible desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del INTERAPAS, al considerar que el proyecto carece de estudios técnicos, financieros y jurídicos que justifiquen la separación del organismo operador.
En el documento, presentado este 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, señalaron que solicitaron información a distintas autoridades y aseguraron que ninguna presentó documentos que expliquen cómo funcionaría la separación del organismo operador. Entre las dependencias consultadas mencionan a la Comisión Estatal del Agua, INTERAPAS, el Congreso del Estado y la Secretaría Particular del Gobernador.
Cambio de Ruta argumentó que la zona metropolitana funciona como un sistema hídrico integrado que comparte el mismo acuífero, el cual además se encuentra sobreexplotado desde hace décadas. Por ello, consideraron que fragmentar la operación del agua podría generar descoordinación, conflictos entre municipios, afectaciones al servicio y mayores costos operativos.
El posicionamiento también advierte posibles afectaciones al derecho humano al agua y al medio ambiente sano, particularmente para colonias con problemas de desabasto y población vulnerable. Además, alertan sobre riesgos financieros, laborales y administrativos derivados de una eventual reestructuración del organismo.
“El agua no distingue fronteras ni colonias: la misma gota que brota del acuífero llega a una casa de Soledad, a una de la capital y a una de Cerro de San Pedro”.
Además, adelantaron que analizan promover acciones legales y exigir consultas públicas antes de que se concrete cualquier modificación al organismo intermunicipal.