El Tribunal Electoral de SLP ordenó al Congreso dictaminar en un máximo de tres meses la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como “Ley Santi”, al considerar que el Poder Legislativo incurrió en omisión al mantener congelada la propuesta presentada desde marzo de 2024.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) ordenó al Congreso del Estado dictaminar en un plazo máximo de tres meses la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como “Ley Santi”, al considerar que el Poder Legislativo incurrió en omisión al no dar trámite oportuno a la propuesta presentada desde marzo de 2024.
La resolución del expediente TESLP-JDC-09-2026 fue aprobada por unanimidad durante la sesión pública de este viernes. El juicio fue promovido por integrantes de colectivos de movilidad, quienes acusaron que la falta de avance legislativo vulneró su derecho a iniciar leyes y participar en los asuntos públicos.
El Tribunal determinó que el tiempo transcurrido desde la presentación de la iniciativa resulta “excesivo y fuera de todo plazo razonable”, por lo que ordenó al Congreso retomar el procedimiento legislativo y concluirlo bajo principios de legalidad y debida diligencia.
La sentencia aclara que el TEESLP no impone un sentido específico al dictamen, es decir, el Congreso podrá aprobar, modificar o rechazar la propuesta, pero estará obligado a pronunciarse dentro del plazo fijado y posteriormente informar al Tribunal sobre el cumplimiento de la resolución.
Durante la lectura pública de la sentencia, la magistrada ponente María Carolina López Rodríguez destacó que el fallo busca evitar que el derecho ciudadano a presentar iniciativas quede únicamente en la entrega formal de propuestas sin respuesta institucional. “Garantiza que el derecho de las personas a iniciar leyes no se quede en la mera presentación de una propuesta”, señaló.
La llamada “Ley Santi”, impulsada por colectivos ciudadanos, busca crear una Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial con medidas enfocadas en control de velocidad, infraestructura segura, fortalecimiento del transporte público y accesibilidad.
Aunque en 2024 el Congreso armonizó parcialmente algunos ordenamientos locales con la legislación federal, activistas señalaron desde entonces que seguía pendiente una ley estatal integral, lo que derivó en amparos, exhortos y finalmente en el juicio resuelto este viernes.