Ocultar ingresos, cambiar de domicilio o dar datos falsos para evitar pensiones alimenticias podría convertirse en delito en SLP. La iniciativa presentada en el Congreso busca aumentar las penas hasta 4 años de prisión contra deudores alimentarios que manipulen información para evadir sus obligaciones.
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y castigar a quienes proporcionen datos falsos, oculten su domicilio, cambien su nombre o escondan sus ingresos reales para evitar el pago de pensiones alimenticias.
La propuesta busca sancionar de forma específica a los deudores alimentarios que manipulen información para impedir que se fije o cumpla una pensión, una práctica que actualmente no está contemplada de manera directa en la legislación estatal.
Según la iniciativa, mientras el Código Penal ya castiga la omisión de pagos y la simulación de insolvencia, ahora se pretende perseguir “la acción de falsear u ocultar información esencial ante las autoridades”, con el objetivo de combatir “el dolo procesal con el que operan los deudores alimentarios”.
Además, la reforma plantea aumentar las penas actuales, pasando de seis meses a tres años de prisión, hasta un rango de uno a cuatro años de cárcel para quienes incurran en estas conductas.
El legislador señaló que el incumplimiento deliberado de obligaciones alimentarias sigue siendo un problema recurrente que afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en situación vulnerable.
También advirtió que muchos deudores utilizan maniobras como alterar datos personales, ocultar ingresos o cambiar de domicilio para evitar desde el inicio el establecimiento judicial de una pensión o incumplir una ya ordenada por un juez.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.