Si un taxista u operador con permiso temporal fallece, su familia puede quedarse sin ingresos y la unidad dejar de trabajar mientras avanzan trámites legales. Una iniciativa en el Congreso de SLP busca que familiares directos puedan seguir operando provisionalmente el servicio para evitar afectaciones económicas.
Este miércoles 13 de mayo el congreso del estado recibió una iniciativa que busca que familiares directos de operadores del transporte público puedan continuar de manera provisional con los permisos temporales cuando el titular fallezca o sea declarado legalmente ausente, con el fin de evitar que las familias pierdan su principal fuente de ingresos.
La propuesta fue presentada por la diputada Roxanna Hernández Ramírez y plantea reformar la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí para permitir que cónyuges, hijos mayores de edad o padres del permisionario soliciten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la continuidad del servicio.
De acuerdo con la exposición de motivos, actualmente los permisos temporales son intransferibles, lo que provoca incertidumbre jurídica y económica para las familias cuando el titular fallece, ya que la unidad deja de operar mientras se realizan trámites administrativos o judiciales.
La legisladora argumentó que muchas familias dependen completamente de los ingresos generados por una unidad de transporte y que la suspensión del servicio afecta gastos esenciales como renta, alimentación, medicamentos o colegiaturas. También advirtió que en algunas zonas del estado la salida temporal de una unidad puede perjudicar a estudiantes y trabajadores que dependen de rutas limitadas.
La iniciativa propone crear el artículo 51 BIS para establecer el orden de prioridad de quienes podrán solicitar la continuidad del permiso: primero el cónyuge o concubina(o), después los hijos mayores de edad y finalmente los padres del titular. Además, la solicitud deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al fallecimiento o declaratoria de ausencia legal.
El proyecto también contempla que la Secretaría pueda autorizar provisionalmente la operación de la unidad mientras resuelve el trámite, siempre que el permiso siga vigente y no existan incumplimientos graves relacionados con la prestación del servicio.
La diputada sostuvo que la reforma busca brindar “certeza jurídica y protección social” a las familias de permisionarios, además de garantizar la continuidad del servicio público y preservar empleos vinculados al transporte.