“Asumir riesgos necesarios”, “el Estado no puede ser juez y parte” y el anuncio de una propuesta propia del PAN marcaron el choque de posturas en el Congreso sobre la iniciativa para aplicar controles de confianza a candidaturas rumbo a 2027.
La iniciativa para exigir controles de confianza y certificados de integridad a quienes busquen candidaturas en San Luis Potosí ya comenzó a dividir posturas entre las bancadas del Congreso local.
Mientras algunos legisladores respaldaron la idea bajo el argumento de evitar infiltración del crimen organizado en elecciones, otros advirtieron riesgos de arbitrariedad, posibles violaciones a derechos políticos y el peligro de que el Estado termine siendo “juez y parte”.
La diputada priista Frinne Azuara Yarzabal defendió la propuesta impulsada por el diputado verde Héctor Serrano Cortés y sostuvo que el contexto nacional obliga a establecer mayores controles sobre quienes aspiran a competir.
“¿Cómo podemos iniciar a generar un control de la participación para que no se nos cuelen los grupos criminales?”, cuestionó.
La legisladora incluso reconoció el riesgo de que el mecanismo pueda utilizarse políticamente contra adversarios, debido a que las evaluaciones quedarían en manos de una instancia estatal, aunque consideró que ese riesgo “es necesario”.
“Sí, claro, por supuesto que corremos ese riesgo, pero son riesgos que son necesarios en este momento”, declaró.
Azuara Yarzabal vinculó el tema con hechos ocurridos en procesos electorales anteriores, como el caso de Sinaloa en 2021, donde aseguró que “600 compañeros del PRI fueron secuestrados dos o tres días antes de la elección”.
En contraste, la diputada morenista Gabriela López Torres cuestionó el modelo planteado y advirtió que el Estado no debería decidir quién puede competir electoralmente.
“El Estado no puede ser juez y parte”, afirmó.
También criticó que la iniciativa se presentara sin socialización previa y pidió que el análisis incluya especialistas y mesas técnicas para revisar posibles afectaciones constitucionales.
“Ojalá se lleven a cabo esas mesas de trabajo (…) respecto de lo que pueda resultar también inconstitucional y violatorio de los principios de votar y ser votado”, señaló.
Durante la entrevista, López Torres también respondió a cuestionamientos sobre si Morena tiene autoridad moral para impulsar filtros de integridad ante casos recientes relacionados con investigaciones por huachicol fiscal o señalamientos contra figuras del partido.
“Morena es más grande” que esos perfiles, respondió, y sostuvo que mientras no existan sentencias firmes debe prevalecer la presunción de inocencia.
Por su parte, el coordinador parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, Rubén Guajardo Barrera, consideró que la propuesta abre una discusión necesaria rumbo a 2027, aunque insistió en que cualquier filtro deberá respetar la Constitución.
“Estamos a favor de poder blindar los procesos electorales”, expresó.
Sin embargo, añadió que los mecanismos que eventualmente se aprueben “tampoco contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Guajardo adelantó además que el PAN trabaja en una propuesta propia de reforma electoral que incluirá medidas relacionadas con el blindaje de candidaturas.