Buscan reformar la Constitución estatal y el Código Familiar para que madres o padres incumplidos no puedan bloquear trámites, documentos, viajes o decisiones de salud y educación de sus hijos; jueces podrían autorizar estos procesos sin su consentimiento.
La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para modificar la Constitución de San Luis Potosí y el Código Familiar del estado con el fin de evitar que madres o padres que incumplan de forma reiterada con pensión, cuidado o convivencia puedan bloquear decisiones o trámites importantes para sus hijas e hijos.
La propuesta busca agregar un nuevo párrafo al artículo 12 de la Constitución estatal para establecer que las autoridades deberán proteger en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes, especialmente en temas de movilidad, y que el incumplimiento de obligaciones parentales no podrá limitar sus derechos.
También plantea modificar el artículo 2 del Código Familiar para reforzar ese mismo principio dentro de la interpretación de asuntos familiares y crear un nuevo artículo 167 Bis, que permitiría a un juez autorizar a la madre o padre con guarda y custodia a realizar trámites o tomar decisiones sin necesidad de la autorización del progenitor incumplido.
Esto podría incluir sacar documentos oficiales, autorizar viajes, atender temas de salud, educación o desarrollo integral del menor, siempre mediante resolución judicial y sin que eso signifique quitar automáticamente la patria potestad.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca atender casos donde uno de los progenitores utiliza su firma, consentimiento o participación legal para retrasar trámites o generar obstáculos que terminan afectando directamente a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el documento no incluye estadísticas locales ni estudios técnicos específicos sobre cuántos casos de este tipo existen en San Luis Potosí.
La propuesta fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y segunda de justicia para análisis y discusión.