Unanimidad en el Congreso de SLP: aprueban reforma constitucional para facultar la creación de una Ley General en materia de Feminicidio.
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la minuta que reforma el Artículo 73 constitucional. Diputadas y diputados potosinos respaldaron la creación de un tipo penal único en el país para combatir la impunidad; sin embargo, el debate en tribuna osciló entre el testimonio desgarrador y comparaciones que revictimizan.
En una sesión marcada por la memoria de las ausentes y la urgencia de justicia, el Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó con 25 votos a favor la minuta de reforma al Artículo 73, Fracción XXI, inciso a) de la Constitución Federal. Con este paso, el estado se suma al Constituyente Permanente para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en Materia de Feminicidio.
La reforma busca terminar con el mosaico legislativo que permite que el feminicidio se castigue de forma distinta en cada entidad. Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que el objetivo es tener un “delito homogéneo” y dotar a la Federación de las herramientas para una estrategia transversal.
“Lo que estamos haciendo hoy es dotarle de facultades para la construcción de una ley general que después provocará adecuaciones a nuestra ley estatal (…) Es el arranque de una estrategia que incluye diferentes políticas públicas, tanto de seguridad como desde la creación de la Secretaría de Mujeres, que haya delitos y penas homogéneas para que no haya impunidad”, señaló Arreola Mallol.
El legislador destacó que San Luis Potosí ya aplica el criterio de investigar toda muerte violenta de mujer inicialmente como feminicidio, una práctica que la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca elevar a rango nacional, junto con penas que oscilarían entre los 40 y 70 años de prisión.
El dictamen resalta una crisis nacional: entre 2018 y 2025, México registró más de 26,600 asesinatos de mujeres, pero solo 6,781 fueron investigados como feminicidio.
Esta brecha de clasificación se traduce en impunidad, un tema que organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han denunciado reiteradamente, cuestionando las cifras oficiales que señalan una baja del 14.9 % en el primer trimestre de 2026.
El debate en tribuna: Entre el activismo y la analogía desafortunada
A pesar de la unanimidad en el voto, las intervenciones en la máxima tribuna del estado reflejaron posturas contrastantes.
La diputada Gabriela López Torres pronunció uno de los discursos más potentes de la jornada al llevar el tema a lo personal. Recordó el feminicidio de su mejor amiga, Viviana, ocurrido en 2016, y criticó duramente la actuación de las fiscalías.
“Es muy lamentable que el día de hoy a las familias se les siga diciendo que deben esperar para ver si no se encuentra con su novio o con su amiga (…) Esto no depende de colores y no depende de partidos políticos, sino de la ética profesional que deben tener las fiscalías”, sentenció López Torres, quien además urgió a que la nueva Ley General garantice personal capacitado y atención a la orfandad por feminicidio.
Por otro lado, la intervención de la diputada Roxanna Hernández utilizó analogías que, lejos de dignificar la memoria de las víctimas, resultaron revictimizantes. Al intentar visibilizar el feminicidio de Joana (Tamazunchale, 2012), la legisladora describió el crimen haciendo comparaciones con el sacrificio de animales.
“A Joana la mató su novio y le hizo cortadas como se les hacen las cortadas, la degolló como se hace, como se degollan a los animales en la huasteca”, expresó Hernández.
Tras la aprobación en el Congreso potosino y una vez que la reforma sea ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la Ley General en Materia de Feminicidio, la cual obligará a San Luis Potosí a realizar nuevas adecuaciones a su marco legal local.