El incendio registrado en la Zona Industrial de San Luis Potosí no solo generó una densa nube de humo y la evacuación de más de 200 trabajadores, también reactivó cuestionamientos sobre cómo se mide la calidad del aire en la entidad, quién es responsable de hacerlo y si existen condiciones reales para evaluar riesgos en zonas de alta actividad industrial.
Mientras el Gobierno del Estado informó que la calidad del aire se mantenía en niveles “aceptables”, con base en datos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) documentaron un escenario distinto durante las primeras horas del siniestro.
De acuerdo con la Red Universitaria de Monitoreo de Aire, en zonas como Villa de Pozos y la Feria Potosina se registraron concentraciones de contaminantes de hasta 0.49, cuando el límite permitido es de 0.09, lo que representa niveles hasta cinco veces superiores y una calidad del aire “extremadamente mala”.
El investigador Fernando Díaz-Barriga Martínez advirtió que el riesgo va más allá de los indicadores tradicionales. “Sin tener idea de lo que se está quemando, parecieran ser hidrocarburos de origen plástico, lo cual vuelve al humo un elemento de alto riesgo”, señaló.
Según el seguimiento de la UASLP detallado por el doctor José Antonio Ávalos Lozano, coordinador del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim), durante las primeras cuatro horas del incendio —entre las 16:00 y 20:00 horas— la pluma de contaminantes se mantuvo concentrada en un radio de entre 2.5 y 3 kilómetros en la Zona Industrial. Posteriormente, entre las 18:00 y 20:00 horas, se desplazó hacia Villa de Pozos, Las Mercedes y Ciudad 2000, donde permaneció confinada.
A partir de las 20:00 horas, un cambio en la dirección del viento provocó su dispersión hacia el noroeste, alcanzando colonias del sur de la ciudad como Arbolitos, Simón Díaz, Satélite y el Eje 122, donde la calidad del aire se reportó como mala. Fue hasta la mañana siguiente cuando las condiciones comenzaron a normalizarse.
Este contraste ocurre en un contexto donde el sistema de monitoreo oficial presenta limitaciones. Actualmente, la red operada por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) cuenta con cuatro estaciones ubicadas en la zona metropolitana: en la colonia Himno Nacional (DIF), Tequisquiapan (IPAC), Industrial Aviación (Biblioteca) y en Soledad de Graciano Sánchez (Primero de Mayo).
Estas estaciones se concentran en el centro y áreas urbanas consolidadas, sin cobertura directa en la Zona Industrial, pese a que en ese punto se han registrado incendios recientes. En contraste, la UASLP cuenta con al menos 10 cabinas de monitoreo distribuidas en distintos puntos, incluyendo zonas cercanas a la actividad industrial.
A nivel institucional, la SEGAM es la responsable de operar el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, mantener las estaciones y emitir alertas, mientras que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) concentra los datos a través del SINAICA.
El monitoreo de la calidad del aire no es opcional. Está sustentado en la NOM-156-SEMARNAT-2012 y en el artículo 4º de la Constitución federal, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano. A nivel estatal, la Ley Ambiental establece en su artículo 74, fracción IX, la obligación de establecer y operar sistemas de monitoreo, realizar revisiones periódicas del equipo y garantizar su mantenimiento para asegurar la precisión de los datos.
Pese a ello, en años recientes académicos y organizaciones han señalado que las estaciones suelen estar fuera de operación o presentan fallas de calibración, lo que genera vacíos de información. Incluso, una aplicación oficial para consultar la calidad del aire dejó de funcionar desde 2024, sin que se haya informado sobre su rehabilitación.
Ante este panorama, el Congreso del Estado buscará reunirse con la titular de la SEGAM, Sonia Mendoza Díaz, para revisar los protocolos aplicados durante la contingencia y determinar si se ajustaron a la normatividad.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal señaló que antes de emitir una valoración será necesario revisar la información técnica. Mientras tanto, llamó a la población a tomar medidas preventivas “hasta que las autoridades nos informen que ya el esquema está totalmente resuelto”.
El caso vuelve a poner en el centro una pregunta de fondo: ¿cómo se evalúa la calidad del aire en las zonas de mayor riesgo y qué tan confiables son los datos con los que se toman decisiones?