Consultas obligatorias, sin presupuesto y con plazo encima: el Congreso de SLP pide a la Suprema Corte que le diga cómo resolver un problema que le toca cumplir.
El Congreso aseguró que no cuenta con recursos suficientes para realizar las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahora buscará que el propio tribunal le indique cómo cumplir con esa obligación.
El diputado Héctor Serrano Cortés explicó que el problema principal es el costo: la consulta indígena podría costar entre 12 y 14 millones de pesos, mientras que la dirigida a personas con discapacidad rondaría entre 4 y 6 millones, lo que en total implicaría hasta 20 millones de pesos.
“Estamos impedidos por ley a pedir una ampliación presupuestal (…) está prohibida cualquier solicitud de incremento”, afirmó.
Aunque el Congreso ya definió la ruta para realizar las consultas —que incluye más de una decena de pasos, desde diagnóstico hasta difusión de resultados—, el avance se detuvo desde el inicio.
El procedimiento implica gastos en traductores, personal técnico, logística y trabajo directo en comunidades, lo que eleva significativamente el costo.
Ante este escenario, el Congreso optó por consultar a la propia Suprema Corte sobre cómo proceder sin recursos.
“El jurídico va a hablar con la Suprema Corte para decirles cómo lo podríamos resolver”, dijo el legislador.
El diputado atribuyó esta situación a la reforma electoral federal (“Plan B”), que limita el gasto de los congresos y prohíbe solicitar ampliaciones presupuestales una vez aprobado el presupuesto.
“No contamos con el dinero eso limita la posibilidad de la consulta”, sostuvo.
Aunque el Congreso ya formalizó esta postura y la notificará a la Corte, el cumplimiento de las consultas —ordenadas por sentencias relacionadas con derechos de comunidades indígenas y personas con discapacidad— queda ahora en incertidumbre.