Tras el aval al tope de pensiones, diputados buscan incluir a la UASLP en el nuevo esquema para frenar montos elevados con recursos públicos, mientras el rector defiende que el sistema ya está regulado, ha sido modificado y “no es retroactivo”.
Tras la aprobación de la reforma constitucional que pone tope a pensiones financiadas con recursos públicos, se abrió un nuevo frente en San Luis Potosí entre el Congreso local y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de que legisladores plantearan que la medida también alcance a la institución.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, defendió el modelo actual al asegurar que ha sido validado a nivel federal y que ya cuenta con mecanismos de control. “Nosotros tenemos un sistema de pensiones que a nivel de la Secretaría de Educación Pública ha sido considerado muy bueno”.
Explicó que la universidad ha realizado ajustes en los últimos años para garantizar su viabilidad financiera, incluyendo límites en los montos. “Hemos tenido cuatro modificaciones a nuestro sistema de pensiones desde el 2021 o 22 están topadas las pensiones”, señaló, al tiempo que advirtió que no podrían modificarse esquemas anteriores: “entiendo que las leyes no son retroactivas”.
El rector también sostuvo que los beneficios otorgados en el pasado se ajustaron a la legalidad vigente. “Lo que están recibiendo los rectores en su momento era lo correcto”, dijo, y cuestionó el origen de las críticas: “hay que tomar las cosas de quién viene” en referencia a las declaraciones del diputado Héctor Serrano Cortés de quien destacó que no es egresado de la universidad.
Del otro lado, el diputado Carlos Arreola adelantó que se prepara una reforma estatal para incluir a la UASLP en el nuevo esquema, con el argumento de evitar pensiones excesivas y ordenar el gasto público.
“Se creaban unas pensiones millonarias para funcionarios que ganaban más de 1 millón de pesos al mes”, acusó, al señalar que estos esquemas han afectado a nuevas generaciones y limitado recursos para otras áreas.
El legislador defendió que la reforma sí puede impactar situaciones previas al tratarse de un cambio constitucional. “Cuando hay reforma constitucional, puede modificar situaciones previamente ya resueltas”.
Aclaró que no se busca eliminar derechos, sino fijar límites. “No se le niegan los derechos a nadie (…) hay que establecer máximos y mínimos para que el pueblo no le esté pagando a los efectos de la corrupción”, afirmó, al insistir en que “eso claro que aplica también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”.
Finalmente, indicó que la reforma entraría en vigor en el siguiente ejercicio fiscal, una vez que concluya el proceso nacional de validación.