El Congreso del Estado aprobó la reforma que limita las pensiones financiadas con recursos públicos, medida que impacta principalmente a organismos como Pemex, CFE, Luz y Fuerza, así como instituciones financieras del Estado como Nacional Financiera (Nafin), Banobras y Bancomext, donde se han documentado pensiones elevadas con cargo al erario.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece un tope a las pensiones y jubilaciones de servidores públicos, al no poder exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo.
La minuta fue avalada en sesión extraordinaria, convirtiendo a la entidad en el tercer estado del país en respaldar esta modificación, aunque el proceso legislativo se realizó de forma acelerada, con dictamen aprobado en comisiones apenas minutos antes de su discusión en el Pleno.
Durante la exposición del dictamen se explicó que la medida busca frenar pensiones consideradas excesivas y financiadas con recursos públicos. Ya que las jubilaciones o pensiones no deberán exceder de la mitad de la remuneración del Ejecutivo”.
En el documento aprobado se argumenta que esta reforma responde a la necesidad de garantizar la “racionalidad presupuestaria” y evitar que recursos públicos se destinen a pensiones consideradas desproporcionadas, particularmente en sectores paraestatales donde, según el diagnóstico incluido, se han registrado casos con montos elevados en instituciones como Pemex, CFE o la banca de desarrollo.
No obstante, la reforma contempla excepciones, como las Fuerzas Armadas, pensiones por cuentas individuales y esquemas financiados con aportaciones sindicales o programas sociales.
En este contexto, el coordinador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, respaldó la reforma al considerar que existen esquemas que afectan las finanzas públicas. “Se tienen que reducir las pensiones que estrangulan”.
El legislador advirtió que en algunos casos “han encontrado un jugoso negocio en esa condición”, al tratarse de recursos que provienen “del esfuerzo y el trabajo de los mexicanos”.
Además, amplió su crítica hacia el uso de recursos en instituciones públicas, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al cuestionar la falta de claridad en el gasto.
También rechazó que la autonomía sea un argumento para evitar la rendición de cuentas. “No se puede argumentar la autonomía cuando tratas de evadir tu responsabilidad”.
La reforma forma parte del proceso nacional de validación constitucional y, de aprobarse en la mayoría de los estados, obligará a ajustar los sistemas de pensiones para establecer límites en el gasto público.