Más de mil integrantes de la comunidad universitaria participaron en foros para replantear cómo la UASLP previene y atiende casos de acoso, hostigamiento y violencia de género.
La UASLP prevé tener en las próximas cinco semanas un borrador de reforma al Protocolo PASE —instrumento para prevenir, atender y sancionar hostigamiento, acoso sexual y violencia de género—, el cual será presentado al Consejo Directivo Universitario para su análisis y eventual aprobación.
La Defensoría de Derechos Universitarios entregó el Informe de Sistematización del proceso de consulta realizado entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que incluyó 22 foros con 191 horas de diálogo y la participación de 1,621 personas (1,372 presenciales y 249 virtuales), además de 24 entidades universitarias y 20 Unidades para la Igualdad de Género y Derechos Humanos.
Olivia Salazar Flores, encargada de despacho de la Defensoría, sostuvo que el documento recoge lo expresado por la comunidad: “Este informe no es únicamente un documento técnico… es la voz sistematizada de quienes decidieron alzar la voz y esa voz hoy se convierte en una ruta”.
El ejercicio se impulsó tras las protestas estudiantiles de octubre de 2025, especialmente en la Facultad de Derecho, donde se plantearon exigencias sobre seguridad, transparencia, profesionalización docente y atención de violencias. La consulta inició el 6 de noviembre en esa facultad como “un acto simbólico de memoria”, de acuerdo con la Defensoría.
Entre los datos presentados, se reportó mayor participación de mujeres: 62.17% de las intervenciones, frente a 37.33% de hombres; y predominio estudiantil (86.44%) respecto a personal administrativo (13.56%). El proceso reunió 599 propuestas, con énfasis en capacitación, difusión, denuncia, tiempos de respuesta, medidas de protección a víctimas y sanciones.
Durante el encuentro, el rector Alejandro Zermeño reconoció que el objetivo de una universidad libre de violencia sigue pendiente: “Se ha avanzado, pero no se ha logrado verdaderamente la universidad libre de violencia”, y admitió que parte del problema es el desconocimiento interno sobre cómo funcionan las instancias y rutas de atención.
El borrador será trabajado por un comité institucional con participación de Defensoría, Abogacía General, sindicatos y representación estudiantil.