La presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, Gabriela López Torres, informó que sostuvo una reunión con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, para revisar diversos temas relacionados con reformas judiciales y el funcionamiento del padrón de personas deudoras alimentarias en San Luis Potosí.
Durante el encuentro se abordó principalmente la implementación del nuevo sistema oral en materia civil y familiar, derivado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual obligará a las entidades federativas a modificar sus procedimientos judiciales.
La legisladora explicó que la transición a este modelo implicará ajustes importantes tanto para el Poder Judicial como para los litigantes.
“Es un proceso complejo, un proceso que nos va a llevar tiempo, que nos va a llevar trabajo, sobre todo capacitación tanto al personal del Poder Judicial como a abogados que vayan a ser función de este nuevo proceso”.
Otro de los temas que se analizaron fue el padrón de personas deudoras alimentarias, instrumento que busca visibilizar a quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias. López Torres indicó que existe interés en revisar su funcionamiento para que realmente contribuya a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
“La magistrada tiene todo el interés (…) nosotras queremos que más allá de que sea un padrón público pues sea un padrón funcional o ver qué más podemos hacer para que este cumplimiento de alimentos pueda darse”.
En ese sentido, adelantó que se buscará continuar el diálogo entre ambos poderes para revisar posibles ajustes o medidas adicionales que fortalezcan este mecanismo.
La diputada también señaló que uno de los retos detectados es que, aunque existan resoluciones judiciales favorables, su cumplimiento no siempre se concreta en la práctica.
Finalmente, en la reunión también se mencionó la iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, presentada recientemente en el Congreso del Estado, la cual será analizada por el Poder Judicial antes de su eventual dictaminación.
La legisladora indicó que el objetivo es mantener coordinación entre ambos poderes para que las reformas que se discutan en el Congreso puedan aplicarse de manera efectiva dentro del sistema judicial.