El Congreso del Estado tendrá un plazo de 20 días hábiles para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los avances en el cumplimiento de la sentencia relacionada con la consulta a pueblos y comunidades indígenas ordenada tras la acción de inconstitucionalidad 67/2023.
Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, quien señaló que se agotó la posibilidad de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) organizara el proceso.
“Agotamos la posibilidad a través del CEEPAC, que a nuestro juicio es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado, equitativo”.
Sin embargo, el propio CEEPAC notificó formalmente que no tiene facultades para organizar la consulta, limitando su participación únicamente a acompañamiento técnico y asesoría dentro del ámbito de sus atribuciones, sin asumir compromisos en la organización.
Tras la reunión sostenida con representantes de la Corte, Serrano detalló que el máximo tribunal otorgará formalmente un plazo para presentar el protocolo, avances y lineamientos del proceso.
El legislador adelantó que la intención es que a principios de abril el Congreso tenga definidos el protocolo, las preguntas y los lineamientos, además de sostener una reunión previa con la Corte para evitar nuevas impugnaciones.
En el plano presupuestal, Serrano afirmó que su cálculo para las consultas implica un gasto cercano a 9 millones de pesos, el cual será solicitado nuevamente a la secretaría de finanzas sin opción de postergarlo.
De acuerdo con la notificación emitida el 25 de febrero por la SCJN, si el Congreso no informa en el plazo establecido, se le podrá imponer una multa de hasta 120 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El presidente de la JUCOPO explicó que existen dos procesos de consulta: uno en materia de educación relacionado con discapacidad, que consideró más sencillo, y otro vinculado a la ley indígena, el cual presenta mayor complejidad técnica y jurídica.
El Congreso deberá ahora diseñar y ejecutar directamente el mecanismo, informar a la Corte dentro del plazo establecido y garantizar que el proceso cumpla con los estándares legales para evitar nuevas impugnaciones.