En el Congreso del Estado se cocina una decisión que, de aprobarse, marcaría un antes y un después —para mal— en la ya frágil relación entre representantes y representados. La posibilidad de que diputadas y diputados cambien de Grupo Parlamentario sin perder derechos políticos no es un simple ajuste administrativo: es una puerta abierta a la conveniencia, al oportunismo y a la traición del mandato popular.
Porque no nos engañemos: permitir el cambio de camiseta en pleno ejercicio legislativo es una aberración democrática. Premia la ladina conveniencia política y castiga al ciudadano que votó por un proyecto, una plataforma y una identidad partidista concreta. El mensaje es devastador: el voto importa… hasta que deja de ser útil.
Nadie discute la libertad ideológica de las personas. Cada ciudadano puede simpatizar con quien quiera, cambiar de opinión y ejercer su conciencia. Pero una cosa es la libertad individual y otra, muy distinta, el mandato representativo. Quien llega a una curul lo hace gracias a un partido político y al respaldo ciudadano que ese partido obtuvo en las urnas. El Congreso debería proteger ese voto, no justificar ni premiar su abandono.
Resulta especialmente cuestionable que la iniciativa provenga de Marco Antonio Gama Basarte, un político con un historial de mudanzas partidistas que, lejos de abonar a la credibilidad del debate, lo contamina. Difícil tomar en serio una defensa de la democracia cuando el mensajero carga con tantas traiciones a cuestas.
Más preocupante aún es que, aunque el plazo formal ya venció, el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, Luis Felipe Castro Barrón, confirme que el proyecto sigue “en análisis” y podría dictaminarse en las próximas semanas. La prisa para legalizar el chapulineo contrasta con la parsimonia para atender demandas ciudadanas reales.
Es cierto que San Luis Potosí es de las pocas entidades donde esta figura no está regulada. Pero que algo no exista no significa que deba crearse sin medir consecuencias. El argumento de que la restricción limita la libertad de los legisladores omite deliberadamente al actor principal de la democracia: el elector.
El punto más delicado no es el cambio en sí, sino su impacto en el voto ponderado, es decir, en el peso real que cada bancada tiene para decidir el rumbo del Congreso. Hoy, cuando un legislador abandona su grupo, la distribución del voto no se mueve. Mañana, con esta reforma, podría alterarse por completo. Imagine que los pocos diputados de oposición deciden sumarse a la fracción oficial: 27 legisladores del mismo color, un Congreso monocromático, totalmente ajeno a lo que la gente votó.
Si de verdad quieren fortalecer la democracia, las y los diputados deberían mirar hacia otro lado: la revocación de mandato legislativo en los distritos que representan. Si ese ejercicio se aplicara al año de iniciar funciones, más de uno lo pensaría dos veces antes de cambiar de partido… o se quedaría sin chamba tras el rechazo ciudadano.
Legalizar el chapulineo no amplía derechos: degrada la representación. Y cuando el poder se divorcia del voto, la democracia deja de serlo.