A un año de la despenalización, la mayoría del personal médico se niega a realizar el procedimiento, denuncia Colectiva ILE.
En San Luis Potosí, el derecho a interrumpir un embarazo de forma segura y legal sigue limitado por la objeción de conciencia. Así lo advirtió la Colectiva ILE, que a un año de la despenalización del aborto documentó que una parte considerable del personal médico en hospitales públicos se niega a realizar este procedimiento.
La organización obtuvo datos mediante solicitudes de transparencia a los Servicios de Salud del Estado, donde se reveló que, de 87 puestos médicos identificados en unidades que deberían ofrecer el servicio, casi una tercera parte se declaró objetora de conciencia. En algunos hospitales, la proporción es aún mayor: en el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de los 17 profesionales de la salud (entre médicos y enfermeros) rechazaron participar en interrupciones del embarazo.
El fenómeno no solo se traduce en negativas individuales, sino en la imposibilidad real de acceder al servicio.
Un ejemplo es el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que figura oficialmente como unidad habilitada bajo el esquema IMSS-Bienestar, pero cuyo personal, según constató la Colectiva ILE, no realiza abortos por motivos de conciencia.
A raíz de esta situación, el Hospital del Niño y la Mujer se ha convertido en el único espacio disponible para la población sin seguridad social, lo que concentra la demanda y limita el acceso para mujeres y personas gestantes que buscan ejercer su derecho.
La falta de capacitación y sensibilización en los hospitales públicos, señalaron las participantes de la colectiva, explica en parte la persistencia de esta práctica, que en la práctica anula la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo.