Una investigación de Ciudadanos Observando revela que las unidades seguían circulando pese a haber sido dadas de baja sin cumplir con los procedimientos legales; la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía.
Una investigación de la organización Ciudadanos Observando reveló un nuevo escándalo en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, al comprobar que 27 vehículos oficiales fueron dados de baja de manera ilegal ante la Secretaría de Finanzas, a través de una oficina recaudadora ubicada en Avenida Muñoz.
Las unidades, que anteriormente habían sido arrendadas por el gobierno municipal a la empresa Casanova Vallejo, continúan circulando a pesar de haber sido registradas como fuera de circulación.
El caso comenzó con el hallazgo de irregularidades en el arrendamiento de 42 vehículos a dicha empresa, sancionada por la Secretaría de la Función Pública por facturar con sobreprecios. La alarma se encendió cuando se detectó que una camioneta con placas TL486H, utilizada por el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, estuvo involucrada en un accidente de tránsito en febrero de este año. Investigaciones posteriores confirmaron que esa unidad tenía un historial delictivo y circulaba sin documentación legal.
A partir de ahí, Ciudadanos Observando solicitó información al Ayuntamiento y obtuvo documentos oficiales que confirmaron lo peor, no era un caso aislado, sino 27 vehículos en total que fueron dados de baja sin cumplir con los requisitos legales.
En el oficio SIN/252/2025, fechado el 20 de marzo, el Ayuntamiento reconoció que una persona externa realizó el trámite de baja ante la oficina recaudadora ubicada en Plaza Muñoz, sin autorización ni participación oficial del gobierno municipal. El 19 de marzo, el síndico presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Además, la Secretaría de Finanzas, en el oficio SF/DGI/DRPF/2417/2025, confirmó que tras revisar los expedientes en esa oficina, se detectaron múltiples irregularidades, por lo que se abrió una investigación administrativa y se entregaron los 27 expedientes a la Fiscalía del Estado.
Así mismo las 27 unidades fueron primero arrendadas y luego compradas por el Ayuntamiento, lo que alimenta la sospecha de un intento de apropiación indebida, tras darlas de baja de forma irregular, podrían haber sido transferidas a nuevos propietarios sin dejar rastro.
Esta situación fue ocultada por el Ayuntamiento, y solo salió a la luz gracias al trabajo de Ciudadanos Observando, quien denunció públicamente la corrupción interna que envuelve tanto a la administración municipal como a la Secretaría de Finanzas.
Con información oficial, la organización ha publicado la lista completa de las 27 unidades que fueron dadas de baja y que, pese a ello, siguen circulando de manera ilegal desde el año pasado.