La diputada Dulcelina Sánchez de Lira insiste en que la solución a la controversia por la deuda de 52 millones entre San Luis Potosí y Villa de Pozos depende de un acuerdo entre ambos municipios. Destaca la ausencia de un convenio formal que respalde la transferencia.
La transferencia de una deuda de 52 millones 885 mil pesos del Ayuntamiento de San Luis Potosí al recién creado municipio de Villa de Pozos ha generado un debate sobre la legalidad y viabilidad de dicha acción. La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, enfatizó que la resolución de esta controversia recae exclusivamente en un acuerdo entre ambos municipios, excluyendo la injerencia del Congreso del Estado.
Sánchez de Lira subrayó la complejidad de que un municipio de nueva creación inicie con una deuda preexistente. Argumentó que durante el proceso de entrega-recepción entre el Ayuntamiento de la Capital y Villa de Pozos, no se estableció en ningún documento que este último asumiría dicha obligación financiera. Además, señaló la ausencia de un convenio formal entre los municipios que sustente la transferencia de la deuda.
“Definitivamente tendría que existir un acuerdo para que Villa de Pozos reciba la deuda, pero al día de hoy no pueden tener la deuda porque no hay un convenio”, explicó la diputada. Esta declaración resume la principal traba legal para la transferencia: la falta de un acuerdo bilateral.
La legisladora también planteó la dificultad para Villa de Pozos de verificar si los fondos que originaron la deuda se destinaron a obras o servicios que beneficiaron a la entonces Delegación. Esta incertidumbre refuerza la necesidad de un diálogo y acuerdo transparente entre ambas partes.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha respaldado la postura de que Villa de Pozos no puede asumir parte de la deuda pública de la capital, ya que no se han seguido los mecanismos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera para contraer deuda. Esta opinión del IFSE refuerza el argumento de que la deuda recae legalmente en el Ayuntamiento de la Capital.
En resumen, la transferencia de la deuda se encuentra en un punto muerto legal. La diputada Sánchez de Lira insiste en que la solución depende de un acuerdo entre los ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Pozos, quienes deben negociar y firmar un convenio que aclare la situación. Mientras tanto, la deuda permanece como una responsabilidad del Ayuntamiento de la Capital, según lo dictaminado por el IFSE. La falta de este acuerdo imposibilita legalmente que Villa de Pozos asuma la deuda, como lo señaló la diputada: “no nació con esa deuda”.