Maestros jubilados se manifestaron en las oficinas de la Sección 26 del SNTE demandando el pago de una deuda de 127 millones de pesos que el gobierno estatal les debe desde hace más de siete años.
Hoy, miércoles 4 de diciembre, un grupo de maestros jubilados realizó una protesta frente a las oficinas de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reclamando al gobierno estatal el pago de una deuda acumulada de 127 millones de pesos. Según los manifestantes, esta deuda se arrastra desde hace más de siete años, periodo en el cual las autoridades han mostrado escasa disposición para resolver la situación.
La protesta reunió a representantes de cerca de cinco mil docentes retirados, quienes, visiblemente molestos, manifestaron su frustración ante la inacción del gobierno y del sindicato. A pesar de que el gobernador ha reconocido la existencia de la deuda, ha señalado que no dispone de los recursos necesarios para liquidarla, lo que ha generado un fuerte descontento entre los afectados.
Los jubilados han planteado que esta falta de pago no solo representa un incumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos, sino que también pone en duda el manejo de los recursos públicos, especialmente cuando observan que el gobierno ha destinado importantes sumas de dinero a proyectos de infraestructura, como la Arena Potosí, mientras que no hay una solución para la deuda con los maestros retirados.
Según los protestantes, la situación empeoró con la llegada de Juan Carlos Bárcenas a la dirección del sindicato, quien ha sido incapaz de gestionar un acuerdo efectivo con las autoridades estatales.
Ante la falta de avances en las negociaciones, los maestros jubilados advirtieron que si no reciben una respuesta inmediata, intensificarán sus acciones, llegando incluso a bloquear la carretera 57.
Finalmente, los jubilados hicieron un llamado urgente a las autoridades del sindicato, al gobernador y a los responsables del sector educativo para que trabajen de manera conjunta en una solución que permita garantizar el pago de sus pensiones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno estatal.