La presidenta de Villa de Pozos, María Teresa Rivera, denunció las condiciones deplorables en las que recibió el municipio tras su separación administrativa y se negó a asumir la deuda derivada de un crédito con Banorte, argumentando que no hubo notificación oficial y exigiendo la devolución de recursos y bienes.
El municipio de Villa de Pozos, bajo la dirección de la concejala presidenta María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, ha rechazado de manera tajante asumir una deuda superior a los 52 millones de pesos, la cual fue impuesta por el gobierno de San Luis Potosí encabezado por Enrique Galindo, tras la separación administrativa entre ambos municipios. La situación ha desatado una controversia que podría dar lugar a acciones legales debido a las condiciones en las que fue entregado el nuevo municipio.
Según Rivera Acevedo, la administración capitalina busca transferir una parte de la deuda correspondiente a un crédito de más de 324 millones de pesos con el banco Banorte, estipulado en el decreto de creación de Villa de Pozos. No obstante, la presidenta municipal considera que este acuerdo es injusto, dado el estado de deterioro y las graves irregularidades que encontró en las oficinas y recursos entregados por la administración saliente.
En sus declaraciones, Rivera Acevedo subrayó, “No vamos a reconocer una deuda porque no hay un documento el cual nos haya notificado”. Además, manifestó su inconformidad con la situación, “Yo también les menciono y se los voy a mencionar, que nos regresen lo que se llevaron porque prácticamente iniciamos en ceros”, refiriéndose a los recursos y bienes entregados en condiciones deplorables.
Teresa Rivera, detalló que las instalaciones del municipio fueron entregadas en condiciones lamentables, con equipos informáticos inutilizables y sistemas deshabilitados, lo que ha dificultado el inicio de operaciones del nuevo gobierno municipal. La concejala calificó este proceso de entrega-recepción como un “saqueo”, lo que ha incrementado la tensión entre ambas entidades.
La negativa de Villa de Pozos a asumir la deuda y las circunstancias que rodean la escisión podrían derivar en un conflicto legal, en el que se cuestiona la validez de la transferencia de deuda bajo tales condiciones. El caso está siendo monitoreado por las autoridades locales, quienes deberán decidir si se resuelve mediante un acuerdo entre los gobiernos o a través de vías legales.