Nicolás Hernández Delgadillo, uno de los abogados defensores de los exfuncionarios inhabilitados, es hermano de Jorge Daniel Hernández Delgadillo, actual director de Interapas y ex secretario del ayuntamiento.
En medio del delicado caso Rich, la Contraloría Municipal de San Luis Potosí ha iniciado una investigación para determinar si existe un conflicto de intereses en la defensa legal de cuatro exfuncionarios del área de Comercio, sancionados por su presunta responsabilidad en los sucesos trágicos del 7 de junio. Esa noche, en el bar Rich, ubicado en la plaza Attus, el colapso de un barandal del tercer piso provocó la caída de varios jóvenes, resultando en la muerte de dos personas y diez heridos. El sobrecupo del lugar se menciona como uno de los factores de este incidente.
Fernando Chávez Méndez, secretario general del Ayuntamiento, señaló que la contralora interna, Gabriela López y López, ha sido instruida para llevar a cabo una revisión del caso y esclarecer si existen vínculos que comprometan la imparcialidad de la investigación. Esto se debe a que Nicolás Hernández Delgadillo, hermano de Jorge Daniel Hernández Delgadillo —exsecretario del ayuntamiento y actual director del organismo Interapas—, es uno de los abogados defensores de los exservidores públicos inhabilitados. Esta relación familiar podría representar un conflicto de intereses en el proceso de sanción de los funcionarios involucrados en el caso.
“Se le pedirá a la contralora que revise si esa situación es real y, de ser así, que actúe conforme a lo que encuentre”, expresó Chávez Méndez. Además, indicó que tanto la Unidad Investigadora como la Contraloría Interna ya están trabajando en el tema y esperan resultados concretos que arrojen claridad a este posible conflicto.
La investigación sobre el conflicto de intereses busca confirmar si la relación entre el abogado defensor y el actual director de Interapas afecta la objetividad del proceso de sanción en el caso Rich. De encontrarse evidencia que sugiera un conflicto, se procederá con las sanciones correspondientes, en función de lo que determine la contraloría.
El funcionario señaló también que las reformas al Reglamento de Actividades Comerciales serán presentadas al Cabildo para su revisión y votación, con la posibilidad de proponer al Congreso del Estado cualquier modificación adicional a la normativa vigente que resulte necesaria. “Estamos haciendo muchísimas cosas para que bajo ninguna circunstancia se vuelva a presentar una situación similar”, concluyó.