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TRIBUNAL ORDENA TOMAR PROTESTA A MARCELINO RIVERA

El Congreso de San Luis Potosí se enfrenta a la obligación de tomar protesta a Marcelino Rivera como diputado tras una controvertida decisión del Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral de San Luis Potosí emitió una resolución a favor de Marcelino Rivera Hernández, instruyendo al Congreso del Estado para que le tome la protesta de ley como diputado en un plazo máximo de 48 horas.

Esta decisión surge luego de que la anterior Directiva del Congreso se negara a hacerlo, por una inhabilitación impuesta por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Marcelino Rivera Hernández, exalcalde de San Martín Chalchicuautla, fue inhabilitado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) debido a irregularidades detectadas durante su administración en 2013. La inhabilitación, que le impide ocupar cargos públicos por 20 años, está acompañada de una sanción económica de más de 13 millones de pesos por malversación de recursos públicos y una multa adicional de casi 800 mil pesos. A lo largo de más de una década, Rivera no mostró disposición para solventar las observaciones realizadas por el IFSE, lo que derivó en la sanción.

Guajardo Barrera aseguró que la sentencia es firme, afirmando que a Rivera le fueron violados sus derechos político-electorales al negársele la protesta de ley por parte de la Directiva encabezada por Ulises Mendoza. La sentencia fue respaldada por unanimidad de las dos magistradas y el magistrado del Tribunal Electoral, quienes consideraron que Rivera tiene derecho a asumir el cargo de diputado, a pesar de los procesos administrativos pendientes en su contra.

La negativa de la anterior Directiva del Congreso para tomarle protesta a Rivera estuvo motivada por una solicitud del IFSE, la cual pedía que se procediera a su inhabilitación por irregularidades administrativas.

El legislador pidió que se respete la sentencia emitida por el Tribunal Electoral y afirmó que esta es inapelable. “El Congreso no debe buscar otras interpretaciones, nuestra obligación es acatar lo que dicta el tribunal”, concluyó.

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